El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con los partidos catalanes para no mover un dedo en la nueva fiscalidad que la Generalitat ha incluido en sus Presupuestos Generales de 2020 y que supone ingresos millonarios de la generación nuclear, según ha podido saber este diario de fuentes del sector.

Hace justo dos semanas que cumplió el plazo para que el Gobierno central pudiera recurrir la ecotasa que la Generalitat aprobó en abril pasado y que entró en vigor el 1 de julio. Gravará la actividad de ciertas centrales eléctricas, especialmente nuclear y ciclo combinado, al quedar excluido el autoconsumo, las renovables y la cogeneración de alta eficiencia.

Gracias a este impuesto 'verde', el Govern catalán pretende ingresar más de 500 millones de euros al año, unos 5 euros por MWh producido, alegando el deterioro ambiental. Y consigue salir adelante después de dos intentos fallidos, ya que el anterior Gobierno de Rajoy consiguió que el Tribunal Constitucional los tumbara. 

"Es llamativo que el Gobierno de Rajoy recurriera hasta en dos ocasiones ecotasas tan parecida a la actual de Torra y sin embargo, el Gobierno de Sánchez no lo haya hecho cuando ya hay jurisprudencia que reconoce que no proceden", explican a Invertia fuentes del sector eléctrico.

De esos más de 500 millones en total, alrededor de 120 millones lo pagarían las dos nucleares catalanas con sus tres reactores, Ascó I y II y Vandellós II. La propiedad de los tres está repartida entre Endesa e Iberdrola Generación, si bien Endesa es el accionista mayoritario de todas con una participación del 100%, 85% y 72%, respectivamente.

Pero también gravaría a Endesa por ser la principal distribuidora eléctrica de Cataluña, a Naturgy por sus ciclos combinados y a REE por ser el transportista nacional.

Luz verde del CSN para renovar la autorización de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) 10 años más Vandellós

Duplicidad impositiva

"Lo que ocurre con las ecotasas autonómicas o locales es que hay una línea muy fina donde se puede entrar en conflicto con las estatales", explica a Invertia Laura Blanca Ortiz, socia directora del departamento fiscal del despacho Alier Abogados del Grupo Atisa, "y no puede haber duplicidad impositiva porque no se puede gravar dos veces por el mismo concepto".

Eso es lo que ocurrió en el pasado con una ecotasa gemela en Extremadura y que también el Gobierno recurrió por inconstitucional, ganando los años iniciales hasta que la legislación cambió a su favor. 

En 2006 la Junta de Extremadura aprobó una tasa 'verde' que aumentaba en 30 millones al año los costes del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz, participada por las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy.

En 2009, Naturgy presentó un recurso al Tribunal Superior de Extremadura cuyo proceso judicial finalizó en febrero de 2015 en el Tribunal Constitucional, declarándose inconstitucional el impuesto por duplicidad. 

Poco después comenzó una acción judicial por parte de Iberdrola para reclamar la devolución de la tasa desde 2010 a 2012 pero hubo cambios legislativos sobre la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas y en este caso, el alto tribunal lo dio como válido.

Actualmente, hay nuevos recursos de las eléctricas que todavía no se han elevado al Tribunal Constitucional. En enero de 2013 se introdujeron nuevos impuestos estatales para acabar con el déficit de tarifa: impuesto eléctrico del 7% y canon nuclear, que podrían considerarse doble tributación. Aún siguen en los tribunales.

"Es un tema todavía muy nuevo en la legislación española en cuanto a la jurisprudencia, por lo que requiere más tiempo que otro tipo de recursos, más aún porque se han ido modificando la normas en los últimos años", aclara la abogada de Alier Abogados. 

"Es muy difícil valorar por qué el Gobierno central ha recurrido en otras ocasiones una ecotasa tan parecida y en este caso no", concluye Laura Blanca Ortiz, "porque puede entrar cuando se están vulnerando los impuestos estatales". 

Almaraz

El pacto nuclear, en peligro

El sector nuclear en España lleva años clamando en el desierto que se revise el marco fiscal por los altos impuestos que asumen. El coste es tan elevado que peligra la rentabilidad de las plantas y por tanto, que se cumpla el pacto de calendario de cierre nuclear al que llegaron la ministra Teresa Ribera y las eléctricas hace casi dos años.

Según un informe de Compass Lexecon, en España cada megavatio hora (MWh) nuclear generado conlleva impuestos por 9,97 euros como consecuencia de dos tributos: el de la generación de energía eléctrica con un tipo del 7% y otro que se centra en los residuos y el combustible gastado de estas centrales desde hace casi una década.

A la caída de los precios de la electricidad por la crisis sanitaria de la Covid-19, se une la Tasa Enresa, la contribución para cubrir los costes de desmantelamiento de las instalaciones, que a finales de 2019 se aprobó aumentar un 20% para llevar a cabo el Plan General de Residuos Radiactivos.

Por todo ello, Foro Nuclear, la patronal que representa al sector, ha dicho en reiteradas ocasiones que, en conjunto, la fiscalidad para las centrales supone algo más del 40% de los ingresos, y que por tanto, el margen que le queda para pagar los costes de operación y mantenimiento es mínimo.