Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han anunciado una acción histórica: el inicio de un litigio contra el Gobierno de España por inacción ante el cambio climático.

"Este Gobierno hereda la inacción y la falta de compromiso de gobiernos anteriores pero no por ello no le exime de su responsabilidad de cumplir con los compromisos internacionales y de aprobar un PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) desde el pasado 31 de diciembre de 2019", explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace a preguntas de Invertia.

"Siempre hemos reconocido la labor en materia climática pero no es suficiente, no se están aprobando a tiempo todas las políticas necesarias, llegamos tarde", añade.

"Nos toca defender los intereses de los ciudadanos, ya que los intereses empresariales están muy bien defendidos, para forzar al gobierno de adoptar políticas de mayor alcance, con una mayor ambición de reducción de emisiones", señala por su parte Lorena Ruiz, abogada de Greenpeace. 

Litigios climáticos en el mundo 

No es la primera vez que una organización presenta un litigio de estas características. 

Hasta la fecha, se han presentado demandas en, al menos, 39 países. La mayoría se dirigen contra grandes corporaciones, cuya actividad productiva genera gran cantidad de emisiones que aceleran el cambio climático, con consecuencias devastadoras en numerosos lugares del planeta.

En relación con los gobiernos, la lista no es muy larga pero si muy extendida por todo el mundo en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos gobiernos enfrentan demandas por esta causa.

El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación URGENDA ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, las tres organizaciones consideran que prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo y que los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gobiernos previos.

España, la más vulnerable por el cambio climático

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

“Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes”, ha señalado el responsable de Greenpeace.

“En estos momentos en que la pandemia nos está mostrando con toda crudeza las consecuencias de una crisis global, estamos a tiempo de frenar la debacle que vendrá si no paramos el cambio climático”, ha afirmado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

Incumplimiento de obligaciones

Para las organizaciones, mientras se buscan respuestas urgentes frente a la COVID-19, se están tomando decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a Largo Plazo (ELP) no sólo incumplen el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima -que establece que debían haber estado aprobados con carácter definitivo el pasado mes de diciembre-, sino también los compromisos asumidos por España con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC.

En línea con esto, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero no debería ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040.

Sin embargo, el borrador del PNIEC fija un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

Además, aseguran que los más altos tribunales internacionales reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos.

España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero por encima del límite establecido . Sólo el impacto de la crisis económica de 2008 se tradujo en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad.

Impactos en la actividad económica en España

Con los compromisos actuales de reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de graves episodios de sequía, aumento del número e intensidad de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar y, por tanto, de las inundaciones costeras. Situaciones que, como en el resto del mundo, afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables.

“Al igual que en el resto del planeta”, ha añadido Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, “también en España las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas”.

Por todo ello, las tres organizaciones, desde su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno de la Nación, la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras.