Los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria siguen sucediendo. En lo que va de tercer trimestre, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sancionado a Calidad Pascual con una de las multas más altas: 79.200 euros.
En concreto, la compañía dedicada a la elaboración de leche y derivados ha sido sancionada por no formalizar por escrito los contratos alimentarios, según la publicación trimestral de sanciones que realiza el organismo.
Esta multa es una de las más elevadas en lo que va de año. Iguala en importe a la impuesta a la empresa Aperitivos y Extrusionados en el segundo trimestre, pero está por debajo de los 138.006 euros que recibió de multa Limones Lázaro el Lurdo a principios de año.
También es la primera penalización que tiene la empresa en los últimos años por parte de la AICA desde que hace públicos estos registros.
Junto a Calidad Pascual otras 20 empresas han sido castigadas por no cumplir con la ley de la Cadena en lo que va de tercer trimestre del año.
Muchas de ellas son empresas dedicadas a la venta de fruta, pero hay otras como Frutos Secos Martínez (con una multa de 1.800,6 euros) o Bodegas Gallego Laporte (con dos sanciones por valor de 24.601,2 euros y 27.601,2 euros).
También es habitual encontrar cadenas de supermercados. En este caso está Hiper Manacor (la compañía que gestiona los supermercados mallorquines Hiper Centro) con una sanción de 39.600 euros.
Venta a pérdidas
De nuevo, destaca que ninguna de las infracciones sancionadas por la AICA haya sido por venta a pérdidas. Es decir, por ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición o por debajo de los costes de producción.
Se trata de una de las prácticas más denunciadas públicamente por agricultores y ganaderos desde hace años. De hecho, la ley se reformó en 2020 para atajar precisamente este problema.
Cabe recordar que la AICA -organismo creado en 2014- realiza inspecciones de oficio, pero también lleva a cabo comprobaciones basándose en denuncias acerca de un posible incumplimiento o por alertas, riesgos o indicios de posibles infracciones que sean comunicadas por asociaciones, organizaciones o por órganos de la Administración General del Estado o de las CCAA.