Bruselas plantea subir los impuestos especiales a cerveza, vino y resto de bebidas alcohólicas. Una medida que no gusta a Cerveceros de España, patronal que aglutina a Mahou o Estrella Galicia, que pide que la situación “se quede como está” ya que podría “penalizar a la hostelería y el turismo”. 

“Ya pagamos la cerveza por encima del tipo mínimo de la UE”, denuncia Jacobo Olalla, director general del Cerveceros de España, quien reclama que se tenga en cuenta el peso de la cerveza en la hostelería española. Un peso que es del 25-30%, según calculan. 

De ahí que denuncie que la hostelería sería la principal afectada por esta subida de impuestos. “A quien más penaliza es a la hostelería y a las marcas de mayor valor añadido”, apunta. Además, está ya se está viendo muy impactada por la inflación y anteriormente por los efectos de la pandemia. 

De rebote, el turismo también se verá impactado. “Perderemos competitividad porque la cerveza es fundamental para los turistas internacionales que vienen a España”. Hay que tener en cuenta, además, que “la cerveza es una bebida popular”.

Pero para los propios grupos cerveceros también es un problema añadido a la inflación que soportan desde tres aspectos: subida de precios de materia prima (cereales) y de la energía y problemas con los envases de aluminio que proceden de Rusia. 

Por último, ha defendido el consumo responsable que en España se hace de la cerveza. En la consulta pública, el Ejecutivo comunitario pone énfasis en el consumo nocivo de alcohol. 

El primer paso antes de poner sobre la mesa una propuesta formal es el lanzamiento de una consulta pública a todos los interesados, que permanecerá abierta hasta el próximo 4 de julio. La posible reforma de la directiva está programada para el segundo trimestre de 2023.

En todo caso, será muy complicado que una propuesta de Bruselas para subir los impuestos especiales al vino y a la cerveza se apruebe en la UE. Todas las normas sobre fiscalidad requieren el apoyo unánime de los Veintisiete para salir adelante. Y España y los países mediterráneos se han opuesto tradicionalmente a cualquier iniciativa que penalice de cualquier forma al vino.