Manuel Manrique, presidente de Sacyr, durante la junta de accionistas.

Manuel Manrique, presidente de Sacyr, durante la junta de accionistas. E.E.

Construcción e Infraestructuras

Sacyr choca con México en la operación para nacionalizar el hospital de Tláhuac

El organismo federal encargado de las expropiaciones acusa a la española de "resistirse" a vender el activo tras discrepancias por el precio.

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Las claves

Sacyr enfrenta un conflicto con el Gobierno de México por la nacionalización del Hospital General de Tláhuac, operado bajo una Asociación Público-Privada.

El desacuerdo se centra en la valoración económica del hospital, ya que Sacyr y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no coinciden en el precio.

El hospital, inaugurado en 2020 y con concesión hasta 2042, es pionero en México por su sistema de aislamiento sísmico y cuenta con 250 camas y 35 especialidades médicas.

La nacionalización de infraestructuras hospitalarias forma parte de la estrategia del gobierno mexicano para recuperar hospitales gestionados por empresas privadas y reducir el coste para el Estado.

Sacyr choca con el Gobierno de México por la nacionalización del Hospital General de Tláhuac, en Ciudad de México, un complejo sanitario operado bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).

La operación se enmarca en el plan diseñado por la anterior Administración de Andrés Manuel López Obrador y que ha retomado y reforzado su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de recuperar para el Estado hospitales gestionados por compañías privadas y adelantar el fin de contratos de larga duración.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), organismo federal encargado de ejecutar estas expropiaciones, ha arremetido contra Sacyr, acusándola de bloquear la venta del hospital.

En 2024, el Issste pactó con varias concesionarias adquirir anticipadamente cuatro hospitales del país, construidos y operados bajo APP, por resultar onerosos para el erario.

Se concretaron entonces las compras de Tepic, Villahermosa y Mérida, pero quedó pendiente el hospital de Tláhuac.

Según el director del Issste, Martí Batres, Sacyr tendría que haber aceptado la venta de Tláhuac en las mismas condiciones y calendario acordados para los otros tres hospitales.

Sin embargo, "hemos hablado y hablado para lograr finalmente la nacionalización y la compra" pero "se han resistido mucho", dijo en una conferencia de prensa.

El conflicto se centra en el precio. Sacyr no se niega a vender, pero las partes no coinciden en la valoración del activo.

Batres destacó ante los medios que el Issste paga actualmente cerca de 7 millones de euros por el hospital.

"Si se cumple el contrato de 23 años, se llegarían a pagar 37.000 millones de pesos (1.805 millones de euros)", una cifra que, dijo, "podría destinarse a construir diez hospitales regionales".

Sacyr inició el año pasado conversaciones con el Gobierno mexicano tras la notificación del Ejecutivo para nacionalizar el hospital.

El complejo comenzó a operar en 2020 y su concesión está prevista hasta 2042, en el marco de un contrato de 23 años que abarca la construcción, el equipamiento y la operación integral del hospital.

La inversión inicial rondó los 127 millones de euros y Sacyr controla el 51% de la sociedad concesionaria.

El hospital de Tláhuac es el primero del país dotado de un sistema de aislamiento sísmico, una tecnología que desacopla el edificio del terreno y permite que siga funcionando incluso durante un terremoto de alta intensidad.

El centro dispone de 250 camas, 35 especialidades médicas, 42 consultorios y ocho quirófanos, repartidos en unos 35.000 metros cuadrados en un edificio principal de planta baja y tres niveles sobre rasante, concebido como infraestructura estratégica para aliviar la presión asistencial en el sureste de la capital.

Nacionalización de hospitales

La ofensiva del Gobierno mexicano sobre este tipo de contratos no se limita a Sacyr. En 2024, Grupo Ortiz cerró la venta del Hospital de La Cantera, en Tepic, por unos 50 millones de euros, en una operación presentada por el Ejecutivo como ejemplo de ahorro frente a los pagos anuales que implicaban las APP.

Acciona, otra de las grandes constructoras españolas presentes en el país, también gestiona un hospital bajo este esquema, aunque por ahora no ha recibido una notificación formal de compra.