La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha planteado al Gobierno el desarrollo de un nuevo Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de 1.643 millones de euros. El fin del mismo sería promover la instalación de 598 electrolineras en las carreteras españolas.

Así se desprende de un informe elaborado por la patronal de las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC...) que apunta a la necesidad de crear 1.585 electrolineras, con un total de 10.710 puntos de recarga, por un importe total de 3.766 millones de euros.

Sin embargo, para agilizar la instalación de una infraestructura óptima de recarga y aprovechar la recepción de los fondos europeos, Seopan ha centrado su propuesta al Gobierno en el ámbito de las carreteras estatales. Así, ha estimado la construcción de 598 electrolineras con un total de 5.272 puntos de recarga de 1.845 megavatios (MW) de potencia instalada.

Financiación público-privada

Esta alternativa se podría llevar a acabo a través de este nuevo Perte con una estructura de financiación público-privada, en el que la financiación pública afrontaría el 60% de la inversión y el sector privado el restante 40%.

Las compañías privadas responsables de la construcción y enganche de las electrolineras financiarían durante un determinado plazo la aportación de recursos privados al Perte, dando con ello un plazo razonable para la consolidación de la comercialización y venta de vehículos eléctricos en España.

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De esta forma, estimando una autorización del Perte en 2022 y su licitación y contratación en 2023, se obtendría una fecha de inicio teórica de explotación de las electrolineras a partir de 2026.

En ese año, y según las previsiones más conservadoras de la industria de la automoción, se estima un parque de vehículos eléctricos en España en torno a un millón de matrículas acumuladas, 14 veces más que las matriculaciones realizadas hasta finales de 2021.

La recuperación de la financiación anticipada por las compañías privadas, más los intereses financieros devengados que resultasen, procedería de la licitación en concurrencia competitiva para la explotación y operación de las electrolineras. Incorporaría el pago de un canon inicial a realizar por los operadores energéticos a recuperar durante el plazo de concesión de servicios que resulte y el precio de adjudicación del kilovatio hora (kwh) establecido en el pliego.