Hace un par de años, en OHL (hoy OHLA) consideraron 2019 como un ejercicio de “transición”. Así lo calificó José Antonio Fernández Gallar, su consejero delegado, durante la presentación de resultados. A la vez, indicó que 2020 sería el año “de la consolidación”. Y su aspiración era la de volver a beneficios en 2021.

Sin ser pitoniso, sus previsiones se han cumplido. OHLA facturó 2.028 millones en los nueve primeros meses del año, las pérdidas se han convertido en ganancias de 57,3 millones de euros, y su deuda está más controlada. En el camino, y lo que no aventuró Fernández Gallar, fue la llegada de los hermanos Amodio, Luis y Mauricio, en mayo de 2020.

Superado ese periodo de adaptación que fue 2020, los hermanos Amodio han conseguido, además de los hitos reseñados, avanzar en 2021 en su proceso de desinversión de activos no estratégicos. La venta de su participación en Aguas de Navarra y en el londinense Old War Office, y la salida de los hospitales de Montreal (Canadá) y Toledo son algunos ejemplos.

Venta de activos que, junto a la reestructuración financiera, harán posible que cierre el año con caja neta. Sin olvidar su cartera de construcción creciente y los márgenes estables al alza. Sin embargo, hay todavía una piedra en el camino, heredada también del pasado, que puede trastabillar su andar. Esa no es otra que los litigios que tiene pendientes.

Los conocidos como legacy (obras fallidas por diferentes causas que han causado pérdidas significativas) abarcan ‘enfrentamientos’ con el Estado de Kuwait, Qatar Raylways Company, la compañía polaca PGB, Anesrif (Agencia Nacional Argelina de Inversiones Ferroviarias), Autopista Rio Magdalena (sociedad perteneciente al Grupo Aleatica, antigua OHL Concesiones) y el Fisco y el Ministerio de Obras Públicas de Chile. Pero, de entre todos, destaca el que tiene abierto con Qatar Foundation por el hospital de Sidra desde julio de 2014.

Viabilidad comprometida

El último movimiento relacionado con este conflicto tuvo lugar el pasado mes de septiembre. Entonces, la sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó homologar el laudo arbitral que ordena a OHLA y a su socio Contrack Cyprus a indemnizar a Qatar Foundation con 2,5 millones de euros por las costas derivadas por el hospital. Así lo recogió Expansión.

En la presentación de resultados del primer semestre, OHLA enumeraba las reclamaciones de la joint venture con Contrack Cyprus a 31 de junio. Resumiendo: por la devolución de los avales ejecutados, 201,14 millones de euros; y por la liquidación de las variaciones de obra ejecutadas e impagadas ya reconocidas en laudo parcial, 41,6 millones.

Más otros 17,37 millones por el reconocimiento y liquidación de las variaciones de obra ejecutadas e impagadas sobre las que aún no existe pronunciamiento arbitral. Y 73,60 millones de euros más por la liquidación de costes de prolongación de permanencia en obra conforme al tiempo de prolongación ya reconocido en un laudo parcial. En total, 333,71 millones.

Por su parte, Qatar Foundation reclama 594,29 millones de euros por el reconocimiento de costes de terminación superiores al precio pendiente de aplicar el contrato. Más otros 28,34 millones por reparación de defectos. Y 24,23 millones más por reparación de defectos pendientes de determinar. A estas cantidades habría que añadir otros costes y el reconocimiento de penalidades contractuales por demora, lo que dispararía la reclamación a 882,29 millones de euros.

En total, y a mediados de año, la firma a los mandos de Luis Amodio reclamaba en los diferentes arbitrajes por valor de 1.282 millones de euros. En el otro lado de la balanza, le reclamaban por valor de 1.480,2 millones de euros. Cifra que podría comprometer su viabilidad.

En este particular toma y daca con sus reclamadores, OHLA acaba de recibir 162,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid. En concreto, más de 123 millones por la liquidación de las inversiones que se llevaron a cabo, y 39,1 millones por los intereses de demora.

Fue en 2007 cuando OHL ganó el concurso para construir y explotar la línea de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. Montante: 360 millones de euros. Con la llegada de la crisis, las obras quedaron paralizadas en 2010 tras invertirse más de 140 millones. La Comunidad de Madrid reclamaba una indemnización de 356 millones por daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato. Por su parte, la constructora concesionaria reclamó por 285 millones.