Los accionistas minoritarios de Abengoa están dispuestos a plantar batalla para evitar que la compañía caiga en manos de los acreedores bancarios. Para ello, su primer movimiento será presentar un recurso contra la decisión del Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla de suspender la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para este jueves 4 de marzo.

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Según ha confirmado Invertia con fuentes de este grupo que representa a más de 16% de los accionistas de Abengoa, en este momento se está ultimando la figura legal de este requerimiento para presentarlo este martes.

Los minoritarios sostienen que tienen los votos suficientes ya emitidos para ganar la Junta Extraordinaria y destituir al actual presidente Juan Pablo López-Bravo y a la consejera Margarida Smith. A ellos les sustituirían consejeros propios allanando la presidencia a Clemente Fernández, líder de este grupo.

Por ello, el objetivo de este nuevo recurso es restituir esta Junta a la brevedad ya sea mediante una medida cautelar o anulando la parte del auto que suspendió este encuentro. El pasado viernes, el Juzgado aceptó la declaración de la compañía en concurso voluntario de acreedores, pero también suspendió la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El juez indicó que no hay claridad respecto del rumbo de la compañía tras el concurso de acreedores e, indicó, prefiere esperar a que se nombre el administrador concursal. Se espera que éste desembarque en el plazo de un mes y que tome las riendas de la compañía.

Bloqueo de la Junta

Frente a esta decisión, los minoritarios argumentarán en su escrito, según ha podido confirmar este periódico, que los jueces mercantiles nunca han tomado decisiones que afecten temas sociales y que el Consejo de Administración está en "precario", por lo que necesita nuevos miembros para seguir en funcionamiento.

Sostienen además que antes de cancelarse la Junta, al menos un 20% de los votos ya se habían emitido y que ya se garantizaba que Clemente Fernández, el expresidente de Amper, fuese elegido como nuevo presidente de Abengoa.

En conversación con este periódico, el propio Clemente Fernández sostiene que ya hay precedentes en la justicia española que dan la razón a este tipo de recursos. En 2013 un juez ya denegó la suspensión de la Junta de Acreedores del Deportivo La Coruña. El magistrado encargado del caso apuntó que la solicitud de los administradores podría conducir el concurso del conjunto coruñés "a un callejón sin salida".

Los minoritarios consideran que es vital hacerse con el control de la compañía cuanto antes para planificar un nuevo plan de rescate ordenado, junto con al administrador concursal que llegará en las próximas semanas. Según denuncian, los actuales gestores buscan desguazar la compañía ante de las llegada de este administrador. 

En una carta enviada a los sindicatos de Abengoa este lunes, los minoritarios advierten que los actuales directivos están preparando la venta de la filial Abenewco 1 hacia un fondo de inversión americano que, al parecer, "va a realizar una oferta inicial de 35 millones que será seguida de otros 30 millones para determinadas obras y 100 millones para comprar deuda financiera".

Abenewco 1

"Es decir, realmente la oferta no aporta cifras que puedan generar futuro para la compañía ya que el grueso no entraría en la filial. Este tipo de fondos americanos son maximizadores de capital, o sea, que no tendrán en cuenta ni a personas ni a proveedores no necesarios para su nueva estructura", indican.

Una acusación que está en la línea de lo publicado por este diario respecto de la decisión de "engordar" Abenewco 1, la filial de Abengoa que agrupa los activos más valiosos de la compañía y la única sociedad que podría satisfacer los requerimientos de los acreedores ante los 6.000 millones de deuda de la matriz.

Invertia ha confirmado que el objetivo de los actuales gestores es que Abenewco 1 cobre los 1.500 millones de euros de renovables que en las próximas semanas podría ingresar Abengoa por el litigio con el Estado presentado en 2013. Con una Abenewco 1 fuerte, los acreedores bancarios podrían cobrar directamente de esta empresa que no está concursada.

No obstante, desde los minoritarios advierten que legalmente cualquier filial de una empresa concursada podría ser considerada también en este proceso. Esto paralizaría cualquier movimiento empresarial y de venta de activos hasta la llegada del administrador concursal.

En cualquier caso, desde las dos partes se reconoce que estamos ante un proceso que amenaza con judicializarse y paralizar las soluciones para intentar salvar a una compañía con 6.000 millones de deuda y 14.000 empleados en todo el mundo, 2.500 en España.