Fernando Cano José Manuel Del Puerto

Nuevo giro de guion en el colapso de Abengoa. La Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha aceptado la declaración de la compañía en concurso voluntario de acreedores, pero también ha suspendido la Junta Extraordinaria de Accionistas que los minoritarios habían solicitado para renovar su Consejo de Administración.

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Esta sección del Tribunal es la encargada de la solicitud de concurso voluntario de acreedores que la multinacional sevillana solicitó el pasado lunes tras haber perdido el respaldo de sus acreedores financieros.

Un extremo que se justificó por la negativa de la Junta de Andalucía de aportar los 20 millones necesarios para cerrar el rescate financiero después de múltiples prórrogas para el cierre de su refinanciación.

El auto emitido acuerda también, como es habitual en estos procesos, llamar a los acreedores para que informen de sus créditos y deudas pendientes con el fin de proceder a su reconocimiento por parte de la administración concursal.

En este punto se ha fallado suspender la Junta Extraordinaria del 4 de marzo en la que los minoritarios tenían los votos necesarios para tomar el control de la compañía.

Plan de los minoritarios

El Juez justifica esta decisión porque no hay claridad respecto del rumbo de la compañía tras el concurso de acreedores y, ha indicado, prefiere esperar a que se nombre el Administrador concursal -que se espera que desembarca en el plazo de un mes- y éste tome las decisiones correspondientes.

Esto es un duro varapalo para el grupo liderado por Clemente Fernández que esperaba hacerse con el control de la compañía la próxima semana y cambiar el Consejo de Administración. Para ello ya contaban con todo los votos necesarios.

Fernández y su equipo ya trabajaban en una solución de rescate de la compañía tras establecer contactos informales con el Gobierno y la Junta de Andalucía. La idea era poder obtener ayuda de la SEPI en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia para las Empresas Estratégicas afectadas por la Covid en un importe cercano a los 250 millones de euros. Una empresa en concurso no puede acceder a fondos ICO ni a avales del CESCE.

El plan de Fernández también pasaba por una quita del 90% de la deuda de Abengoa cercana a los 6.000 millones de euros, un proyecto con el que se aseguraba un Ebitda cercano a los 100 millones de euros y mantener buena parte de los 14.000 empleos en todo el mundo, 2.500 en España.

No obstante, este plan queda paralizado a la espera de que el Administrador concursal acepte la convocatoria de una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas, un hecho que queda en el aire y que en cualquier caso no podría producirse como pronto hasta el mes de abril.

Movimientos de la banca

Las fuentes de los minoritarios consultadas por Invertia indican que la decisión del juzgado ha estado influenciada por el peso de la banca acreedora, que liderada por el Santander no está dispuesta a aceptar una quita milmillonaria y que prefiere que la empresa venta de activos no rentables.

El plan de Clemente Fernández, en cambio, no incluye la venta, lo que no habría gustado al sector que ha movido ficha durante la próxima semana para bloquear que finalmente se realizase la Junta de Accionistas.

La compañía anunció este lunes que no pudo conseguir los 20 millones de euros que en su día prometió la Junta de Andalucía ni una nueva prórroga para seguir intentando conseguirlos, la clave para cerrar la refinanciación acordada por la compañía con sus acreedores. Esto generó que la banca acreedora anulara el proceso de reestructuración de su deuda y empujara a la compañía a declarar un nuevo concurso de acreedores.

Durante las últimas semanas, el Grupo había estado negociando a varias bandas para obtener estos 20 millones, imprescindibles para cerrar el rescate. Incluso tras negociar con cinco fondos, Abengoa logró el compromiso de uno de ellos para inyectar 35 millones de euros. 

No obstante, el ICO bloqueó el rescate porque prefiere esperar a firmar el salvamento hasta que se celebrara la junta promovida por varios minoritarios, programada para el 4 de marzo y ahora suspendida cautelarmente. En esta situación, Abengoa no logró un nuevo plazo para seguir aplazando la aprobación del rescate ya pactado con la banca acreedora.