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El TJUE falla que el Santander debe responder por los litigios contra el Popular si se reclamó antes de la liquidación
Las demandas en cuestión no ponen en riesgo la estabilidad financiera e ignorarlas supondría una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, dice la sentencia.
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El Santander debe responder por las acciones legales presentadas contra Banco Popular que se iniciaron antes de la liquidación de la entidad en junio de 2017, según ha dictaminado este jueves el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La sentencia confirma que los accionistas y bonistas del Popular que perdieron todo su dinero en el momento de la liquidación, no tienen derecho a reclamar al Santander, que se convirtió en su sucesor universal tras la compra por un euro.
Sin embargo, la situación es distinta para aquellos que habían demandado al Popular antes de la resolución y cuyo caso todavía no tenía una sentencia definitiva. El Santander sí que tendrá que asumir las consecuencias económicas de estos litigios, porque de lo contrario se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, sostiene el TJUE.
El fallo responde a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo a raíz del litigio planteado por un inversor que demandó a Banco Popular en 2016 por unos bonos suscritos en 2009, que fueron convertidos obligatoriamente en acciones en 2015. El afectado reclama la devolución de la cantidad invertida.
El TJUE sostiene que las acciones legales ejercitadas antes de la liquidación del Popular no cuestionan la valoración previa del activo y del pasivo de la entidad, ni la decisión de resolución basada en ella, de modo que "no pueden privar de efecto útil ni obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución".
La sentencia subraya que no puede considerarse que los litigios iniciados antes de la liquidación del Popular tengan un efecto retroactivo, ya que "los riesgos financieros derivados de los litigios pendientes se tienen obligatoriamente en cuenta en la contabilidad de los bancos cotizados en bolsa".
El TJUE señala que permitir a los accionistas y bonistas continuar estos litigios "no compromete la estabilidad financiera de la Unión".
Tampoco interfiere "de forma desproporcionada" en los derechos del Santander, puesto que tenía la posibilidad de conocer los pasivos que arrastraba el Popular antes de formular una oferta de compra.
