Josep Oliu, Carlos Cuerpo y Carlos Torres.
BBVA podría revocar en un año el bloqueo del Gobierno a la fusión con Sabadell si consigue sacar adelante la opa
Los gestores del banco azul han decidido recurrir ante el Supremo la intervención del Gobierno en la opa que lanzó sobre la entidad catalana hace quince meses.
Más información: La intervención de los gobiernos de España, Italia, Alemania y Portugal en las fusiones bancarias irrita al BCE
BBVA va a por todas contra el Gobierno por su decisión de bloquear su hipotética fusión con Sabadell. El banco ha decidido recurrir esta intervención ante el Tribunal Supremo, como adelantó el jueves EL ESPAÑOL-Invertia, de forma que se prepara para una larga batalla contra el Ejecutivo si logra sacar adelante la opa el próximo mes de septiembre.
La entidad ha decidido pasar a la acción y utilizar su bala judicial para intentar frenar el bloqueo que el Gobierno ha impuesto a la fusión con Sabadell durante, al menos, tres años. Pero ya en 2026 el Supremo podría revocar la iniciativa del Ejecutivo, según fuentes legales consultadas por este periódico.
El Consejo de Ministros tomó la decisión de bloquear la fusión el pasado 24 de junio. Veinte días después, BBVA acudió al Supremo.
El hecho de que el recurso se presentara el pasado 15 de julio no es menor. Esa fecha es dos días antes de que la Comisión Europea abriera un expediente a España por intervenir en la operación, lo que demuestra que en BBVA ya estaban dispuestos a todo antes de saber que Bruselas cumpliría su amenaza.
En el banco confían en tener bases legales sólidas para tirar por tierra la decisión del Consejo de Ministros. Para ello, se basan en la ley 29/98 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 25 de esa norma permite impugnar los actos de la Administración si "producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".
En todo caso, no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Si el Tribunal Supremo les da la razón, es posible que sorteen el bloqueo impuesto por el Gobierno. Y si el alto tribunal les rechaza, se quedarían igual. El 'no' ya lo tienen.
![Carlos Torres, presidente del BBVA, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/14\/actualidad\/1003743886979_257995728_320x180.jpg"])
Los expertos en Derecho público consultados por este periódico aseguran que se puede tener una resolución definitiva en el plazo de un año. Un margen aceptable si se tiene en cuenta que el bloqueo de la fusión se ha establecido en tres años, ampliables a cinco.
Esto quiere decir que, si BBVA logra sacar adelante su opa sobre Sabadell el próximo otoño, queda batalla contra el Gobierno para rato.
La opa, en paralelo
En este contexto, es difícil aventurar qué pasará durante el periodo de aceptación de la opa, cuyo proceso discurre en paralelo al judicial. El bloqueo del Gobierno a la fusión supuso un duro golpe para el banco azul, que vio así más complicada la posibilidad de obtener las sinergias esperadas en la operación.
No todas, dado que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno sí permitiría al banco integrar a Sabadell en su plataforma tecnológica, lo que le facilitaría obtener sinergias de costes por esa vía.
![El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, interviene durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas del BBVA, en el Palacio Euskalduna.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/07\/08\/invertia\/empresas\/banca\/868923866_247623618_320x180.jpg"])
Sin embargo, otras no podrían materializarse, como ciertas ganancias de eficiencia al unir equipos y la red de oficinas. De hecho, desde el Ejecutivo se explicó que, en virtud de su condición, BBVA no podría llevar a cabo ajustes de empleo o de sucursales relacionados con la integración, aunque sí por otros motivos.
Algo que podría animar a muchos inversores de Sabadell a no apostar por el proyecto de BBVA y a quedarse con la propiedad de sus acciones. Es por eso que, al abrir esta vía judicial, el banco de origen vasco podría convencer a algún titular de la entidad catalana de venderle su participación.
Un bloqueo que irrita al BCE
El Consejo de Ministros decidió, en virtud del poder que le da la Ley de Defensa de la Competencia, imponer una única condición a la posible concentración entre BBVA y Sabadell: que el banco catalán mantenga una gestión independiente durante, al menos, tres años, tras los cuales se revaluará la pertinencia de llevar a cabo la integración. Ese plazo podría extenderse a cinco años.
El Gobierno tiene este poder dado que así lo contempla el proceso de autorización de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
![El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/24\/actualidad\/1003743818952_256743333_320x180.jpg"])
Al decidir esta autoridad estudiar la concentración en fase dos, el proceso dio a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, la posibilidad de elevar la cuestión al Consejo de Ministros. Así lo hizo y el gabinete tomó esta decisión que ahora BBVA recurre.
Una intervención que, como otras que se han llevado a cabo en diferentes países, no gusta nada en el seno del Banco Central Europeo (BCE) ni de la Comisión Europea.
![Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, durante su intervención en los cursos de la APIE.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/28\/actualidad\/1003743825062_256855912_320x180.jpg"])
A finales de junio, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, no quiso hablar concretamente de la operación que afecta a BBVA y Sabadell, pero sí comentó que "es muy importante a veces también pensar en cuál va a ser el impacto, la consideración, que van a hacer los inversores institucionales" a decisiones como estas.
Y, previamente, Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros, ya afirmó a finales de junio que solo el BCE y las autoridades de Competencia deberían poder pronunciarse sobre fusiones bancarias.
Expediente de Bruselas a España
El malestar de Bruselas con las intervenciones estatales en las fusiones bancarias no quedó ahí. A mediados de julio, la Comisión Europea decidió abrir un expediente a España por el bloqueo a una hipotética fusión entre BBVA y Sabadell.
Bruselas sostiene que la legislación española que invocó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para llevar la opa del BBVA al Consejo de Ministros vulnera los principios de libre circulación de capitales y de libertad de establecimiento recogidos en los Tratados.
![Josep Oliu, Carlos Cuerpo y Carlos Torres.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/02\/actualidad\/1003743739464_255248901_320x180.jpg"])
Esta normativa tampoco respeta el reglamento sobre el Mecanismo Único de Supervisión, que atribuye al BCE la competencia exclusiva en las labores de vigilancia de las grandes entidades europeas, ni la directiva sobre requisitos de capital, según el análisis de la Comisión.
El Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno de Sánchez no tenía ningún argumento para imponer condiciones adicionales a la opa del BBVA, una vez que ya había sido autorizada por las autoridades competentes: el propio BCE y la CNMC.
El expediente fue abierto a mediados de julio y entonces empezó a contar el plazo de dos meses que el Ministerio de Economía tiene para presentar alegaciones ante la Comisión.
Si sus argumentos no le convencen, el Ejecutivo comunitario aprobará en otoño un dictamen motivado en el que reclamará formalmente a Sánchez que modifique la ley con el fin de quitar al Gobierno el poder de vetar fusiones ya autorizadas por las autoridades competentes.
![Una persona utiliza un cajero de UniCredit.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/21\/actualidad\/1003743768218_257992869_320x180.jpg"])
En cualquier caso, la apertura de este expediente da alas a BBVA para apuntalar su recurso a la decisión del Gobierno.
Pero lo cierto es que las leyes nacionales permiten a los gobiernos intervenir. Al margen del caso de España, otros ejecutivos lo han hecho recientemente, como es el caso de Italia, Alemania o Portugal.
Especialmente llamativo es el caso del Gobierno de Giorgia Meloni, que, con sus condiciones impuestas a la opa que UniCredit lanzó sobre BPM, ha conseguido que la entidad que dirige Andrea Orcel recule y retire la operación.
De hecho, la Comisión Europea también lanzó una advertencia al Gobierno italiano al considerar que las condiciones que impuso a la operación pueden constituir una violación de la regulación comunitaria sobre fusiones.
