En un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, la defensa de Higuera subraya que comparte "plenamente los razonamientos y argumentación expuestos" por el abogado de Ron y se opone a que ambos sean juzgados por el llamado caso Popular.

Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió mandar a ambos exdirectivos al banquillo de los acusados, junto a otros antiguos altos cargos del Popular, por un delito de estafa, al considerar que las cuentas ofrecidas a los inversores durante la ampliación de capital habían sido falseadas conscientemente.

Por contra, las defensas de ambos investigados señalan que dichos datos eran correctos, tal y como constataron varios organismos supervisores. El abogado de Higuera, Carlos Aguilar, esgrime, por ejemplo, el informe elaborado por dos peritos del Banco de España (BdE) que avaló las cuentas de la entidad, que acabó quebrando en 2017 y fue comprada por el Santander. Calama, además, también propuso que fueran juzgados dos auditores de PriceWaterhouseCoopers (PwC) y la propia PwC como persona jurídica.

"Banco Popular estuvo sometido a las auditorías externas, informes complementarios y revisión de los modelos internos de activos adjudicados llevados a cabo por PwC, que nunca señaló incumplimiento o irregularidad alguna y que siempre validó la bondad de los criterios contables y de la situación financiera de la entidad [el Banco Popular]; revisiones complementarias encargadas expresamente por el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría a KPMG", incide el recurso.

"Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores revisó minuciosamente todo el proceso de diseño y aprobación de la ampliación de capital, solicitando a Banco Popular diversa información; no sólo sobre el folleto, sino sobre el proceso en su totalidad, sin que encontrara o pusiera de manifiesto objeción alguna tras dicha revisión", añade el documento.

"Lo cierto es que todas las actuaciones supervisoras refrendaron los ratios de capital de la entidad, así como los niveles de liquidez y el cumplimiento del Banco Popular con la normativa aplicable, siendo estos juicios y opiniones favorables los que supervisores hicieron llegar a la Entidad y en los que el Consejo de Administración fundamentó la formación de su opinión respecto de la situación de Banco Popular", explica el abogado de Higuera.

Además, tal y como expone el recurso de la defensa de Ron, al que su ex número dos se adhiere, los propios consejeros invirtieron gran parte de su patrimonio en la ampliación de capital.

En el mismo auto en el que Calama proponía juzgar a Ron e Higuera, rechazó mandar al banquillo de los acusados al que fuera presidente del Popular cuando se produjo la quiebra de la entidad, Emilio Saracho. El magistrado señaló que no existen pruebas que acrediten indudablemente que éste filtró información confidencial a la prensa para afianzar la venta del Popular.

Tras ser disuelta, la entidad fue adquirida por el Banco Santander por un euro y una ampliación de capital posterior, de 7.000 millones.