La intención inicial es dar luz verde al anteproyecto de ley que dará luz verde a este nuevo organismo antes de que termine el año, según informan fuentes del Gobierno a EL ESPAÑOL-Invertia.

Es el objetivo de Calviño, aunque la última palabra sobre si llegará finalmente a la mesa del gabinete del Ejecutivo el próximo 27 de diciembre la tendrá Moncloa. En el caso de que no fuera posible, se aprobaría cuanto antes tras las fiestas navideñas.

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Si el Ejecutivo quiere sacarlo adelante antes de que acabe el año, debe hacerlo sí o sí esta semana. De hecho, el texto del anteproyecto está en estos momentos en su fase de audiencia pública, cuyo plazo termina, precisamente, el último martes del año 26 de diciembre. Es decir, un día antes de que se celebre el último Consejo de Ministros del año. 

Prueba de la urgencia que tiene el proyecto, cuyo texto viene ya heredado de la pasad legislatura, es que el proceso de audiencia pública se realiza en un plazo de tiempo más reducido de lo habitual. No en vano, se lanzó el pasado 14 de diciembre con la intención de resolverse en apenas doce días, incluida la festividad de Navidad.

Un texto ya trabajado

El proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero nació hace ya más de cinco años, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el titular de Economía era Luis de Guindos. Una idea que nace de una directiva europea de 2013 que fue traspuesta en 2017.

El entonces ministro dejó el Gobierno para convertirse en vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), tras lo cual Román Escolano, su sustituto, cogió las riendas del proyecto y llegó a presentar al Consejo de Ministros un texto al que se dio luz verde. Sin embargo, su mandato al frente de Economía fue breve, de apenas tres meses, pues la moción de censura a Mariano Rajoy dio al traste con el Ejecutivo y, consecuentemente, con el proyecto para crear la autoridad.

La vicepresidenta Nadia Calviño recibe la cartera de Economía de manos de su antecesor en el cargo, Román Escolano. EFE

Calviño retomó el plan cuando llegó al gobierno y tras algunos años de trabajo el texto pasó casi todo el trámite parlamentario. El Congreso llegó a acordar un proyecto enmendado, pero, como ya ocurriera en 2018, una decisión política dio al traste con la puesta en marcha de esta autoridad.

La disolución de las Cortes consecuencia de la convocatoria de elecciones del pasado 23-J impidió que la norma llegara al Senado, que debía darle también su visto bueno o, en caso contrario, introducir las enmiendas que considerara pertinentes.

De hecho, en la misma semana en la que se convocaron las elecciones, la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital tenía previsto reunirse para comenzar el proceso de aprobación.

El texto que se ha sometido a audiencia pública no es el que originariamente el Gobierno de Sánchez llevó al Congreso la primera vez, sino que se han recogido todas las aportaciones que se incluyeron en el mismo a su paso por la tramitación parlamentaria.

En contra del sector

Este proyecto cuenta con el respaldo de las asociaciones de usuarios financieros, pero no con el de la banca, que desde el primer momento se ha mostrado en contra.

"Nuestra postura es conocida. Nos hubiese gustado un modelo de supervisión más homologable al que existe en otros países del entorno: una entidad de supervisión y otra que vigile la transparencia. Esto puede ser realizable por el Banco de España y la CNMV. El Gobierno prefiere otra autoridad", apuntó José María Méndez, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Por su parte, la Asociación Española de Banca (AEB) ha sido siempre muy crítica con el nuevo organismo. "No nos gusta cómo está configurada esta autoridad", señaló hace unos meses Alejandra Kindelán, su presidenta, durante el III Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia.

En su opinión, habría sido más positivo mejorar los actuales sistemas de reclamación del Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para evitar "más costes y más incertidumbre para los propios reclamantes".

Si las cosas salen como se espera, llevar este proyecto a la mesa del Consejo de Ministros será el último servicio de Calviño al Gobierno, pues el próximo 1 de enero comenzará su presidencia en el Banco Europeo de Inversiones (BEI).