Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Unidas Podemos está negociando con el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño elevar las competencias que tendrá la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, figura cuyo proyecto legislativo se está debatiendo en el Congreso. 

Concretamente, los morados están tratando de introducir "algunas enmiendas que permitan elevar el nivel normativo" de la Autoridad y que le habiliten a disponer de "herramientas para obligar y hacer cumplir determinadas premisas" a las entidades financieras.

Capacidad ejecutiva

La idea es que esta figura pueda contar con "capacidad ejecutiva" que le capacite para revertir ciertos comportamientos del sector bancario. Sin embargo, los comportamientos a revertir todavía están por determinar. Desde el equipo de Calviño afirman desconocer estos contactos. 

Pese a ello, desde Podemos confían en poder cerrar un acuerdo en esta cuestión. Sobre todo ahora que el plazo de enmiendas se ha ampliado para aumentar el periodo de negociación (para el que habrá tres semanas más) en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. 

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Si no hubiera pacto con el Ministerio de Asuntos Económicos y con el Grupo Socialista, los morados registrarán igualmente sus enmiendas. Confían en lograr apoyos suficientes incluso sin los socialistas para otorgar instrumentos a la Autoridad y que no se quede solo "en un conjunto de buenas intenciones y buenas prácticas". 

Según indica el proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero tal y como ha llegado a la Cámara Baja, esta institución está diseñada para facilitar la resolución de los conflictos en el sector financiero y la protección de los ciudadanos. Con atención personalizada, será gratuita para los usuarios y la resolución de las reclamaciones que se le presenten estarán disponibles en un plazo máximo de 90 días.

La figura estará financiada por las propias entidades financieras, que tendrán que pagar una tasa de 250 euros por cada reclamación admitida. Las resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando el importe sea inferior a 20.000 euros y se incorpora la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de sus resoluciones.

Pese a que las fuentes consultadas no han revelado las reclamaciones de Podemos (y de socios parlamentarios del PSOE como ERC o EH-Bildu), posiblemente tengan que ver con una de las cuestiones que más preocupación están generando a día de hoy entre estas formaciones: los incrementos de las hipotecas dependientes del Euríbor.

El director gerente del MEDE, Pierre Gramegna, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Yves Herman Reuters

Cabe recordar que, por ahora, el plan de Calviño, pactado con la banca, para limitar el impacto de las subidas de tipos en las hipotecas a tipo variable está teniendo escasa repercusión. Los potenciales beneficiarios del plan de rescate apenas están acudiendo a los bancos para acogerse a estas ayudas.

Como ya contó este periódico, las entidades financieras no están notando cambios en el comportamiento de los clientes a la hora de solicitar reestructuraciones y cambios de hipotecas variables a fijas.

En este contexto, a principios de febrero, la principal cara de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, cargó contra el sector bancario. "La crisis no puede ser una excusa para ganar más", dijo la también ministra de Trabajo en su cuenta de Twitter.

"Mientras la subida del Euríbor encarecerá la hipoteca media en 250 euros al mes, los beneficios de BBVA crecen el 38%, hasta llegar a 6.420 millones de euros, los mayores de su historia", apuntó la también ministra de Trabajo y Economía Social.