El juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Popular ha ordenado a los dos peritos del Banco de España (BdE) que elaboraron un informe en diciembre de 2021 que corrijan ciertos aspectos del mismo y que amplíen dicho análisis con datos de la auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Les da tres semanas para ello, una vez concluyan primero los diez días que el Juzgado Central de Instrucción número 4 ha otorgado a PwC para que entregue datos a estos dos inspectores del BdE.

Así consta en un auto fechado el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

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En el caso Popular, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga, desde hace ya un lustro, las causas que llevaron al sexto banco más importante del mercado español a desaparecer por la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR).

Existen dos piezas separadas de esta causa. La primera afecta a la presidencia del Popular por parte de Ángel Ron, durante la cual se produjo la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el banco llevó a cabo en 2016. Cuando el banco se declaró en quiebra en 2017, el Santander lo compró por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.

La segunda pieza se centra en los 108 días que Emilio Saracho estuvo al frente de la institución por un posible delito de manipulación del mercado para hacer caer el valor de la cotización.

El informe pericial que elaboraron estos dos inspectores del Banco de España —Teodoro Fernández y Álvaro López— tenía por objetivo analizar los activos inmobiliarios adjudicados al Banco Popular "por su impacto en las provisiones y, por ende, en las cuentas anuales de la entidad".

Peritaje

El peritaje se acotó a cien inmuebles y posteriormente fue ampliado, en septiembre, a instancias del juez. La principal conclusión de la ampliación fue que la extinta entidad debió reflejar pérdidas por valor de más de mil millones de euros en el ejercicio de 2015, en lugar del beneficio de 105,3 millones que declaró.

No obstante, López y Fernández insistieron ante el juez instructor en que la calidad de los datos en los que se basó su última pericial era "deficiente", "con gran cantidad de incoherencias, defectos e inconsistencias".

Además, durante su declaración, los abogados de PwC cuestionaron la muestra de cien inmuebles analizada y preguntaron a los dos peritos si habían tenido en cuenta la información documental que la auditora había enviado al Juzgado. Los letrados de Price también defendieron que la gran mayoría de las tasaciones realizadas por el Popular eran correctas.

Ahora, ante estas discrepancias, el juez Calama ordena ahora rehacer parte de este informe, basándose también en una circular del Banco de España, y corregir las variaciones del valor de dichos inmuebles.

"Los peritos deberán (...) determinar de forma concreta la sobrevaloración de la muestra que analizaron y su posible déficit de cobertura", reza el auto. "Tras el análisis contable individual de cada inmueble, deberán sintetizarse los datos obtenidos mediante un proceso de agregación de los mismos", añade.

"Los peritos realizarán la siguiente simulación: trasladarán el VNC [valor neto contable] de los activos adjudicados de junio de 2017 a diciembre de 2015 y calcularán el déficit de provisiones que conllevaría dicha simulación. La misma operación la harán a diciembre de 2016", ordena la resolución.

Además, "habida cuenta que el auditor externo de Banco Popular (PwC) se comprometió (...) a proporcionar copia de todas las tasaciones que tuvieran en sus archivos respecto de los inmuebles de la muestra, los peritos deberán, en su caso, recalcular dicho cuadro", ordena el magistrado.

A su vez, el juez Calama ordena al Banco Santander que "preste todo el apoyo necesario a los peritos", a fin de "llevar a buen término la pericia".

"Deberá aportar la trazabilidad contable de todos los activos adjudicados de la referida muestra desde que se dan de alta en la contabilidad como tales activos adjudicados hasta el año 2016", añade.