El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se ha convertido recientemente en accionista mayoritario del conocido como banco malo, tras hacerse con un 4,24% del capital que estaba en manos de la banca y alcanzar el 50,14% en propiedad de la compañía.

Tras cerrarse la operación de toma de control público de la Sareb, el consejo de administración de la compañía se ha recompuesto con la salida de los consejeros dominicales que representaban a los bancos y se nombró a Javier Torres como nuevo presidente ejecutivo.

Dos ejes

Una vez que estos cambios se han producido, el Ministerio de Asuntos Económicos, del que depende el FROB, ya ha puesto en marcha la maquinaria y trabaja en el nuevo plan estratégico de la compañía, que se prevé que esté listo antes del verano.

De cara al mismo se trabaja en dos frentes. Por una parte, la recuperación del mayor importe posible a través de las desinversiones de los activos de la compañía con el objetivo de lograr reducir al máximo la deuda pendiente de la Sareb. Actualmente, la deuda viva se sitúa en 33.664 millones de euros.

Javier Torre, nuevo presidente de Sareb. Sareb Sareb

Cabe recordar que hace unos meses el Estado tuvo que asumir como deuda pública unos 35.000 millones de euros que quedaban pendientes de Sareb tras imponer Eurostat, la oficina estadística europea, una reclasificación de la deuda. No obstante, este importe pendiente se ha reducido recientemente después de que Sareb amortizara unos 1.250 millones más. En sus casi diez años de vida, la compañía -ahora pública- ha logrado reducir su deuda en un 34%.

Mirando al futuro, el plan es recuperar lo máximo posible. Se trata de una estrategia en la que, al menos de momento, no se contempla la posibilidad de deshacerse de grandes carteras de activos a bajo precio, según ha podido saber este periódico. Operaciones que sí se han llevado a cabo durante los últimos años en el resto del sector bancario.

Responsabilidad social

El segundo de los ejes en los que trabaja ahora el Gobierno es en el uso de sus activos como responsabilidad social, un proceso que aún debe definirse del todo, dado que Asuntos Económicos tiene que instrumentalizar la colaboración con el resto de ministerios que tienen competencia en este ámbito (como el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que dependen las competencias sobre vivienda).

Lo cierto es que la Sareb lleva ya tiempo desarrollando esta vía de aprovechamiento de sus recursos, con numerosos acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos. Actualmente, la compañía mantiene el compromiso de ceder a estas administraciones hasta 15.000 viviendas, de las que se han solicitado hasta el momento unas 3.300.

Recientemente, además, la compañía ha puesto a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones unas 900 viviendas para dar alojamiento a refugiados llegados de Ucrania afectados por el conflicto bélico iniciado por Rusia.

Terminará en 2027

El Gobierno trabaja en estos dos ejes con la vista puesta en 2027, la fecha del fin de la vida de la Sareb que se estableció en el momento de su creación (2012) y que no está previsto que se modifique.