Los engranajes del mayor despido colectivo de la historia de la banca ya han empezado a funcionar. Tras llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre la dimensión y las condiciones económicas de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE), CaixaBank ya puede dar comienzo al trámite de las salidas de los 6.452 empleados que podrán apuntarse voluntariamente y dar carpetazo a uno de los capítulos más tensos de su historia, en el que ha recibido presiones desde muchos frentes, tanto por parte de los representantes de los trabajadores como del Gobierno.

Los sindicatos se mostraron en contra de este proceso desde el primer momento y convencerles para firmar un acuerdo ha costado a la entidad muchas cesiones. La más importante, reducir en casi 2.000 personas la cifra de extinciones de contratos y permitir que las salidas fueran voluntarias, algo que se había convertido en una línea roja para los representantes de los trabajadores.

Su oposición se hizo notar desde el primer momento a través de numerosas acciones apoyadas por cientos de trabajadores, como concentraciones, parones e, incluso, dos huelgas de toda una jornada que, según los registros de los sindicatos, recibieron un apoyo masivo.

El Gobierno, el FROB y los sueldos

Las críticas del Gobierno llegaron por dos frentes. El primero, por el elevado número de despidos y, el segundo, por los "altos sueldos" de los directivos de los bancos, especialmente de los que llevan a cabo esta clase de procesos, que fueron protagonistas de muchos ataques vertidos desde el Ejecutivo.

Estas críticas por ambos bandos se intensificaron con la coincidencia en el tiempo del anuncio del ERE y la convocatoria y posterior celebración de la junta de accionistas del banco. El orden del día contemplaba la aprobación a los sueldos de la cúpula, entre los que se encontraba el del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que resultaba ser el equivalente al triple del sueldo fijo que cobraba en Bankia, donde lo tenía limitado al haber recibido la entidad ayudas públicas.

Los sindicatos hicieron de esta circunstancia una crítica habitual contra el ERE, mientras que el Gobierno lo convirtió en una de sus proclamas en plena campaña para las elecciones madrileñas. Las críticas llegaron de voces a las que nunca se había escuchado beligerancia contra la banca, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

También desde la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que pertenece a un partido, Unidas Podemos, muy crítico con la banca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocido también por ciertos momentos de oposición al sector.

No en vano, el líder del Ejecutivo intentó desde su llegada a Moncloa crear un impuesto a la banca que no logró poner en marcha. Además, durante los meses de concesión de la financiación con aval del Estado llamó la atención a los bancos para que gestionaran con mayor agilidad los créditos (lo que le granjeó las críticas de Jaime Guardiola, consejero delegado de Sabadell, que salió a defender a sus trabajadores).

El no del FROB

Al convertirse en una entidad con participación pública el pasado 26 de marzo con la integración de Bankia, el ERE de CaixaBank trascendió la esfera privada y el Gobierno llevó sus críticas a la junta de accionistas del banco, donde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) debía votar, entre otros puntos del orden del día, el relativo a los sueldos de la cúpula.

Tras semanas de críticas a las remuneraciones de los ejecutivos por parte del Gobierno, el FROB, que pudo haberse abstenido, decidió votar en contra del punto relativo a los sueldos, como, por cierto, le habían pedido los representantes de los trabajadores (también a La Caixa, que tuvo claro desde el principio su voto a favor).

Ya sea por la presión del Gobierno, por la de la plantilla o simplemente porque toda negociación comienza con unos objetivos más ambiciosos de los que finalmente se cumplen, lo cierto es que CaixaBank ha rebajado considerablemente sus pretensiones con el fin de cerrar un acuerdo con respaldo de los sindicatos y no tener que aplicar el ERE de forma unilateral. Un escenario que sus gestores nunca han querido contemplar o, al menos, eso han comunicado públicamente.

Conseguirlo ha costado al banco muchas cesiones y, especialmente, tiempo. La negociación ha durado once semanas, es decir, casi tres meses, después de agotar el plazo inicial y tener que alargarlo tres semanas ante la perspectiva de que llegar a tiempo a un acuerdo era imposible. Todo a pesar de que Goirigolzarri había manifestado en varias ocasiones su deseo de que el proceso se cerrara "en el tiempo más breve posible".

ERE con acuerdo

Este ERE se ha cerrado con acuerdo, como lo han hecho también los otros despidos colectivos que la banca ha puesto en marcha durante la pandemia. El de BBVA, cuya negociación ha sido paralela a la de este, implica 2.725 salidas; el de Santander, 3.752; el de Ibercaja, 750, y el proceso de prejubilaciones de Sabadell, otras 1.800.

En el caso concreto de CaixaBank, el alto número de despidos pudo haberse rebajado troceando el proceso en varios ERE, como ha ocurrido en anteriores fusiones. Fue el caso de la integración de Popular por parte de Santander, cuyo redimensionamiento se produjo a través de dos despidos colectivos diferentes: uno de los servicios centrales y otro de la red de oficinas.

Sin embargo, desde la entidad siempre vieron mejor pasar por un solo proceso de estas características. Con mucho tiempo y esfuerzo han logrado llevarse el aprobado de los sindicatos.