Sareb y la fusión de CaixaBank y Bankia han protagonizado estos días los dardos cruzados entre Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno, y Luis de Guindos, quien fuera su predecesor al frente de la cartera de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), por sus respectivas gestiones de las crisis a las que se han tenido que enfrentar en los últimos años.

Uno de los temas clave ha sido la creación de Sareb y apenas una década.

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En el momento de puesta en marcha de la Sareb el criterio de la oficina estadística europea fue no incorporar su deuda pendiente al perímetro de la deuda pública española, dado que el banco malo tenía el mandato de amortizar 50.000 millones en un plazo limitado de vida de quince años. Sin embargo, a medio camino para cumplir ese objetivo el criterio ha cambiado, lo que ha tenido un impacto, además de en la deuda pública, en el déficit registrado al cierre de 2020.

Las diferencias de opinión de ambos se han hecho palpables durante el curso que la y BBVA organizan en Santander estos días. En el mismo, la ministra de Asuntos Económicos afirmó el pasado lunes que la compañía semipública es "una herencia de la pasada crisis". Lo hizo con una rotundidad nunca vista antes.

La respuesta no se hizo esperar y el miércoles el vicepresidente del BCE lanzó un dardo a la titular económica del Gobierno socialista: "No voy a entrar en comparación de herencias porque creo que es bastante evidente". De Guindos defendió la puesta en marcha del banco malo y, de hecho, explicó que su creación fue necesaria para acometer con éxito la reestructuración del sector bancario, clave, en su opinión, para la recuperación económica de los últimos años (precovid).

El vicepresidente del BCE defendió, además, que todavía es posible que Sareb reduzca su deuda en lo que le queda de vida, unos seis años, a pesar de que en los nueve anteriores ha amortizado apenas un tercio del total. En 2012, De Guindos llegó a afirmar que Sareb podría registrar una rentabilidad del 15%.

La consolidación de CaixaBank

El otrora ministro de Economía también lanzó el miércoles una indirecta al Gobierno en relación con la integración de Bankia y CaixaBank preguntado sobre las críticas de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos Calviño, a los sueldos de los banqueros y los fuertes ajustes de empleo que están llevando a cabo varios bancos.

Aunque matizó que sus palabras no se referían a ninguna entidad ni país en concreto, apuntó que "cuando se lleva a cabo un proceso de consolidación se sabe que lo que se está pretendiendo es intentar reducir los costes y el exceso de capacidad".

"Eso va a implicar despidos, que se tienen que producir con el mínimo coste social, y va a también cierres de oficinas porque nos estamos moviendo en un entorno más digital. Es imprescindible minimizar el impacto social, pero a priori de la consolidación que se está produciendo se sabe cuál es la finalidad: la eliminación de costes y el exceso de capacidad", se explayó el vicepresidente del BCE.

Unas declaraciones que cobran relevancia teniendo en cuenta que Calviño y otros miembros del Gobierno manifestaron hace semanas en público su rechazo al elevado número de puestos de trabajo afectados por los (ERE) de CaixaBank (la propuesta inicial fueron 8.291 y ahora se están negociando 6.950) y de BBVA (3.798 al inicio, pero después de firmar el acuerdo con los sindicatos serán 2.725 más excedencias), tras haberse mostrado meses antes a favor de la integración de Bankia y CaixaBank.