El Gobierno deberá sumar a la deuda pública 35.000 millones de euros correspondientes al volumen de deuda que aún no se ha amortizado de Sareb, la compañía creada en 2012 para dar salida a los activos tóxicos del sistema financiero tras la reestructuración, generalmente conocida como banco malo. Consecuentemente, la deuda pública se situará por encima del 120% del Producto Interior Bruto (PIB) y el Gobierno se plantea extender su plazo de vida, inicialmente fijado en 2027.
Esta circunstancia se debe a una imposición de Eurostat, la oficina estadística europea, que ha decidido obligar al Gobierno a reclasificar la deuda de Sareb tras un cambio de criterio, según explican fuentes del Ejecutivo.
En un inicio se consideraba que no era necesario que la deuda de la Sareb estuviera incluida en el perímetro de las cuentas del Estado dado que su capital en la compañía inferior al 50% (concretamente, del 45,9%, que ostenta a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Ahora, sin embargo, el criterio es que, al ser el Estado avalista de la deuda senior de la compañía y al haber acumulado esta pérdidas que no se esperaban al principio, debe contabilizar como deuda del Estado.
Así, a partir de ahora la deuda de Sareb se contabilizará de acuerdo con el reglamento europeo de contabilidad SEC2010, mientras que hasta ahora se reconocía fuera del perímetro de las cuentas públicas según una versión del reglamento anterior.
En consecuencia, el Estado deberá apuntarse en la deuda pública los 35.000 millones de euros que Sareb no ha amortizado aún del total de 50.000 millones que contrajo en 2012. Según se vaya reduciendo la deuda de Sareb lo hará también en su cómputo sobre la deuda pública, como explican fuentes gubernamentales. La idea del Ejecutivo es incluirlo en la línea de ayudas financieras.
Esta reclasificación también tendrá un impacto en el déficit, si bien, como explican estas fuentes, aún no se conoce cuál será el cómputo final, dado que depende del patrimonio neto que resulte al cierre de las cuentas de 2020 de la Sareb, que no se aprueban hasta la semana que viene.
Como referencia, a cierre de 2019 el patrimonio neto de la Sareb era negativo y se situaba en torno a los 7.000 millones. En todo caso, este impacto en el déficit solamente se contabilizará en 2020 y más adelante dependerá de la capacidad de la compañía para ir devolviendo la deuda.
Además del Estado, se mantienen en el capital de Sareb los principales bancos del país (salvo BBVA, que rechazó entrar). Como explican fuentes gubernamentales, las entidades y el propio FROB se contabilizan la depreciación de la participación en sus cuentas respecto a la aportación de capital que realizaron en 2012, si bien lo que tiene que hacer el Estado es llevar al déficit, además de esta depreciación, todo el patrimonio neto negativo de la Sareb.
Ampliar la vida
La Sareb nació con el compromiso de desinvertir sus activos en un plazo de quince años, es decir, hasta 2027. Tras este cambio de criterio de Eurostat, el Gobierno, aunque confía en que los activos que mantiene Sareb servirán en un futuro para ir devolviendo la deuda en ese plazo, se abre ahora a ampliar la vida de la compañía.
Según añaden estas fuentes, el hecho de que la vida de Sareb fuera finita era una de las condiciones que permitían que su deuda se mantuviera fuera del perímetro de las cuentas públicas. Ahora que se ha impuesto que se contabilice como deuda, ya no hay freno para ampliar su vida, de forma que es posible que el Ejecutivo reconsidere el plazo.