Esta decisión preocupa en su justa medida a CaixaBank (ahora propietario de Bankia), dado que la acción está ya prescrita y solo deberá afrontar la veintena de causas ya abiertas. Sin embargo, sí puede inquietar a Santander, que heredó hace ahora casi cuatro años todo el negocio de Popular y, con él, sus litigios, entre los que se encuentra una causa penal en la que la Audiencia Nacional investiga la ampliación de capital que el banco absorbido lanzó en 2016, entre otras cuestiones.

En su fallo, dado a conocer el jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es bastante claro. "En el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto no ampara solamente a los inversores minoristas, sino también a los inversores cualificados", señala.

En esta sentencia, el TJUE considera que todos los inversores de una oferta de valores que tenga un folleto asociado tienen derecho a pedir responsabilidad por la información que contiene el mismo, aunque no sean los destinatarios de ese folleto.

Este último matiz se introduce dado que en las operaciones que se dirigen únicamente a inversores institucionales no se emite un folleto, pero sí en las que solamente se destinan a minoristas. En el caso de la salida a bolsa de Bankia así se hizo, dado que era una operación mixta (dirigida a profesionales y particulares). En todo caso, para el TJUE ese matiz es irrelevante, dado que considera que todos los inversores tienen el mismo derecho a reclamar por ese folleto.

Prescrito en Bankia, no en Popular

Fuentes financieras consideran que el riesgo para Caixabank, heredero de Bankia, está "muy acotado", habida cuenta de que solamente quedan vivos 21 recursos de casación ante el Supremo más alguno en otras instancias que, de prosperar, implicarían un coste para el banco, ya provisionado, de unos 30 millones de euros como máximo.

No en vano, la acción de responsabilidad por la salida a bolsa de Bankia está prescrita, de forma que no pueden reclamar por ella nuevos inversores, aunque pueden terminar siendo resarcidos aquellos que sí iniciaron un proceso judicial.

La que no está prescrita es la responsabilidad por la ampliación de capital de Popular, que lo estará a partir del próximo 28 de agosto (31 de julio teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil judicialmente). De hecho, muchos inversores institucionales de Popular estaban esperando este pronunciamiento del TJUE para poder iniciar acciones contra el banco y los despachos de abogados están recibiendo ya consultas al respecto, según ha podido saber Invertia. Es por eso que este pronunciamiento, más que en CaixaBank, podrá tener un largo recorrido en Santander.

Fondos internacionales como Pimco, Anchorage y Algebris se encuentran entre los inversores que acudieron a la ampliación de capital que Popular lanzó en la primavera de 2016 para levantar 2.500 millones de euros y que protagoniza la investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Popular.

El pronunciamiento del TJUE, aunque se refiera a la salida a bolsa de Bankia, amparará a los institucionales que quieran recuperar su inversión a través de reclamaciones por el folleto de la ampliación, como coinciden varias fuentes jurídicas.

"Sin duda, se podrá tener en consideración" en este caso, explica a Invertia Laura Lozano, socia de Cremades & Calvo Sotelo y letrada de UMAS, la aseguradora sobre cuyo caso se ha pronunciado ahora el TJUE.

La abogada apunta que la directiva en la que se basa el TJUE para realizar este pronunciamiento está derogada desde 2019 (en todo caso, tres años después de la ampliación de capital de Popular, por lo que es de aplicación), pero que de todas formas el "espíritu de protección del consumidor se mantiene".

"A quien puede poner más nervioso todavía es a Santander. Muchos institucionales que acudieron al aumento de capital optaron por ver qué solución daban los tribunales para el caso Bankia", explica a este periódico Pablo Franquet, socio de Fieldfisher Jausas y experto en litigación bancaria y casación civil.

Iberdrola, Meliá, Porcelanosa...

Más allá de Santander, podrá afectar también a otros procesos en los que inversores institucionales hayan acudido a una operación en la que medie un folleto informativo. El Supremo ya sentenció en 2016 que el de la salida a bolsa de Bankia contenía "graves inexactitudes", pero limitó la necesidad de resarcimiento a los minoristas, dejando fuera a los institucionales.

Es por eso que hasta ahora la Justicia española, por lo general, había ido dando la razón a Bankia al considerar que un inversor cualificado, como puede ser una compañía del Ibex 35, tiene más fuentes de información sobre la situación de una compañía que el propio folleto informativo de la operación.

Un argumento que, no obstante, discuten algunos juristas. "¿Qué información distinta puede tener un inversor profesional cuando es una entidad de nueva constitución? No hay otras fuentes de información. Puedes tener acceso a determinada información de Bancaja o de Caja Madrid, pero del conglomerado que resulta de todo ello no se podía tener información", explica Franquet en referencia al hecho de que Bankia se constituyó apenas meses antes de la salida a bolsa por lo que no tenía presentados unos resultados anuales.

Entre los que acudieron al tramo institucional de la salida a bolsa de Bankia se encuentran compañías como Mapfre, Iberdrola, Meliá, Porcelanosa, Villa Mir, Gestamp o Mutua Madrileña, que acudieron al estreno bursátil, en julio de 2011. Algunas decidieron reclamar tras la nacionalización de la compañía, apenas un año después, pero otras no lo hicieron y ya no podrán intentarlo.

El periplo judicial llevó a algunas a enfrentarse a una repetición de sentencias que daban la razón a Bankia; unas decidieron perseverar hasta el final, mientras que otras tiraron la toalla. En el primer grupo se encuentra Meliá, que está pendiente de la resolución de un recurso de casación en el Tribunal Supremo por su inversión en la salida a bolsa de Bankia, cercana al millón de euros.

Desde la hotelera se muestran "muy satisfechos" por este pronunciamiento, que consideran que "deja abierto el camino" para que se estime en vía de casación su "legítima pretensión indemnizatoria", según trasladan a Invertia fuentes de la compañía.

En el segundo grupo, sin embargo, se sitúa Iberdrola. La compañía reclamó en primera y segunda instancia por su inversión, cercana a 55 millones, pero decidió no presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas niegan que pueda reengancharse tras el pronunciamiento del TJUE y fuentes de la compañía no prevén que se vaya a intentar retomar el caso.

Tanto Franquet como Lozano, que han representado a clientes institucionales frente a Bankia, confían en el que el Supremo estime ahora las causas pendientes a su favor una vez que ya tiene la opinión del TJUE. Deberá hacerlo en las próximas semanas e, incluso podría ser antes de este verano, según apunta Franquet. Habrá que esperar al pronunciamiento del Supremo pero, al menos de momento, la esperanza ha vuelto a estas compañías y aterrizado, además, en las que invirtieron en Popular.