El juicio más esperado en los mentideros del sector financiero ha llegado, por fin, a celebrarse. Andrea Orcel, actual consejero delegado de UniCredit, y Ana Botín, presidenta de Santander, se han visto las caras hoy en un juzgado madrileño para dirimir quién tiene razón en el conflicto judicial por su fichaje frustrado como consejero delegado del banco, que se extenderá más allá de este miércoles habida cuenta de que el juez ha decicido suspender el juicio hasta otro día a la espera de que se pueda llamar a nuevos testigos tras la declaración de Botín.

En la vista, la banquera ha declarado como testigo y ha defendido en varias ocasiones que el contrato de Orcel nunca fue efectivo, dado que solamente se le trasladó una "carta oferta" con unas condiciones que debían ser aprobadas por los órganos del banco más adelante.

Concretamente, siempre según la versión de Botín, en esta carta se contemplaba un pago máximo de 35 millones en compensación por la millonaria retribución variable en diferido que Orcel había generado durante sus años de trabajo en UBS y que podía perder al abandonar esta entidad. El importe final de esta compensación debía ser aprobado por el consejo de administración de Santander y su cálculo debía realizarse teniendo en cuenta cuánto asumiría UBS, por lo que no se fijó una cantidad concreta en la carta oferta.

La presidenta de Santander ha explicado que el banquero se había comprometido a mediar con UBS para rebajar el coste final de su fichaje para Santander, algo que finalmente no tuvo mucho éxito.

Botín ha insistido en que "el nombramiento de Orcel nunca fue efectivo" y en que en la carta oferta la retribución prevista comprendía un sueldo fijo de 10 millones de euros, así como un signing bonus de 17 millones (prima de fichaje) y un buy out (la compensación por el bonus a cobrar en diferido por Orcel en UBS que perdería con la incorporación en Santander) de un máximo de 35 millones, que en Santander esperaban que se redujera al máximo tras aceptar UBS pagar una parte.

Precedentes

En ello confiaban en el banco convencidos por el propio Orcel, que les había trasladado que esa situación había tenido ya lugar con otros fichajes, al menos con dos precedentes en los que directivos que dejaron su banco recibieron todo el bonus diferido por parte de la entidad que abandonaron, uno del propio UBS y otro de Deutsche Bank.

"Entendemos y hay precedentes, nos lo dice el señor Orcel, de que hay gente de UBS que se ha ido a otros bancos y han percibido importes más relevantes. Lo justo es que abonen una parte muy importante. Nosotros [el consejo de administración de Santander] consideramos que UBS no va a abonar el 100%, pero lo lógico era la mitad", ha afirmado Botín.

Según ha relatado ante el juez la banquera, habló con Axel Weber, presidente de UBS, sobre este tema antes de que el consejo de administración de Santander aprobara el nombramiento de Orcel el 25 de septiembre de 2018, de forma que conocía su oposición a abonar el bonus diferido de Orcel completo. Con todo, Botín considera que esta era la opinión personal de Weber, pero no de todo el consejo, que es "al que corresponde tomar esas decisiones".

No en vano, Botín ha explicado que también habló con Sergio Ermotti, entonces consejero delegado de UBS, y él le transmitió "exactamente lo contrario" que Webber. "El señor Orcel me dijo varias veces: 'El consejo no se va a oponer a lo que diga Sergio'", ha apuntado. Botín ha justificado estas diferencias entre la opinión de Ermotti y la de Weber en que en toda negociación cada uno tiene un papel, como "el simpático", para "buscar un acuerdo sensato entre las partes".

Semanas de negociación

Botín ha defendido que entre septiembre y diciembre de 2018 se desarrolló la negociación entre Santander, Orcel y UBS sobre el abono del bonus diferido. "Lo que me traslada el señor Orcel es que están jugando, están negociando. Esto pasa hasta el consejo [de administración de Santander] de diciembre [de 2018]", ha apuntando, destacando que los miembros de un consejo de administración, ya sea de Santander, de UBS o de otro banco, pueden tener opiniones distintas sobre una cuestión, pero lo importante es la decisión del conjunto. No fue hasta noviembre de 2018 cuando Santander conoció por escrito la negativa de UBS a hacerse cargo de todo el bonus, dos meses después del anuncio del nombramiento.

De hecho, según el relato de la banquera, Orcel preparó con el equipo legal de Santander una carta, que nunca llegó a enviar, para una hipotética demanda contra UBS, dado que él consideraba que la entidad de inversión estaba legalmente obligada a hacerse cargo de la remuneración variable en diferido que él había generado por su trabajo allí.

Más adelante, Botín ha confesado que para el banco Orcel era "el mejor" negociador que existía, pues había sido su banquero de inversión de referencia en muchas operaciones relevantes, como la ampliación de capital de 7.000 millones tras la integración de Popular. Orcel, de hecho, contaba con la "confianza" del consejo de administración de Santander.

El banquero italiano, en todo caso, jamás quiso renunciar a la remuneración que consideraba que debía recibir como bonus en diferido por sus años de trabajo en UBS, según ha relatado Botín, que ha defendido haber hecho comprender a Orcel que Santander no es un banco de inversión, sino uno comercial con intereses que deben equilibrarse. "[Orcel] Nunca mostró ninguna disposición a reducir lo que él iba a percibir de UBS", ha apuntado.

Para Botín es importante también el contexto en el que se produjo la ruptura entre Santander y Orcel, con un ajuste de empleo en ciernes tras la integración de Popular. La banquera ha explicado que al consejo, especialmente en su reunión del 15 de enero de 2019, le preocupaba que Orcel no mostrara "ninguna flexibilidad" y que darle lo que quería sería poner intereses personales sobre los de los empleados y los stakeholders, como los accionistas.

"Siempre actuamos de buena fe, fuimos respetuosos y transparentes con toda esta situación. Intentamos llegar a un acuerdo amistoso, al principio Orcel estaba dispuesto y luego cambió (...) El consejo tuvo que tomar una decisión que no fue fácil, lo que demuestra el gran nivel de gobierno corporativo", ha añadido.

La vista ha estado marcada por la presentación in extremis por parte de la acusación de un escrito en el que suprime su petición principal, consistente en que se cumpla el 'contrato' para ser consejero delegado de Santander, y ahora pide 76 millones como cuantía de la indemnización que, a su parecer, tendría que recibir de la entidad que preside Ana Botín por el "desistimiento unilateral sin causa" de su fichaje. Para el magistrado del caso resulta "incoherente" que Orcel reclame la readmisión en la entidad cuando ya está trabajando en UniCredit.

El proceso de este miércoles ha comenzado con el análisis del recurso de reposición presentado por la acusación, que rechazaba que Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración de Santander, declarara este miércoles como testigo, al considerar que, de prestar declaración, debería hacerlo en nombre de la entidad. "Una persona con poderes no es testigo y no puede ser propuesta por la parte a la que pertenece", ha afirmado su letrado. Por su parte, la defensa del banco considera que el escrito de la acusación "es confuso". El recurso ha sido impugnado.

Tercer intento

El de este miércoles es el tercer intento para celebrar este juicio, que estaba programado inicialmente para el 10 de marzo. El día antes se suspendió al tener que guardar el magistrado cuarentena por haber tenido contacto con un caso positivo de Covid-19. La nueva fecha elegida fue el 7 de abril, pero, de nuevo, la vista tuvo que ser pospuesta, en este caso debido a "motivos de agenda de los letrados".

El hecho de que haya sufrido estos dos aplazamientos ha hecho que Orcel llegue a la vista ya como consejero delegado de UniCredit, cargo para el que le nombró su junta de accionistas del banco el pasado 15 de abril.