A 48 horas del juicio que se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, Orcel ha presentado un escrito -a cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL- que supone una alteración relevante de lo que instaba en la inicial demanda: ha suprimido su petición principal, consistente en que se cumpla el alegado 'contrato' para ser CEO del Santander, y ahora pide 76 millones como cuantía de la indemnización que, a su parecer, tendría que recibir de la entidad que preside Ana Patricia Botín por el "desistimiento unilateral sin causa" de su fichaje.

El Santander sostiene, por su parte, que el contrato con Andrea Orcel nunca se perfeccionó y que lo único que hubo fue una carta de oferta.

Cambio tardío

Orcel fue elegido el pasado 15 de abril consejero delegado de UniCredit. Su nueva carrera laboral se presenta, así, incompatible con lo que era su pretensión principal contra el Santander. El banquero ha reorientado por ello sus reclamaciones a la situación que le resulta ahora más conveniente.  

Pero el movimiento es arriesgado. De un lado, la ley procesal civil prohíbe el cambio de la demanda una vez que ha sido fijado el objeto del litigio. De otro, resulta sorprendente que Orcel haya esperado tanto, cuando su nombramiento para el banco italiano se produjo hace más de un mes.

En el escrito presentado en el Juzgado el pasado lunes, la defensa de Orcel indica que desde el 15 de enero de 2019, día en el que, en su tesis, el Banco Santander decidió unilateralmente dejar sin efecto su "nombramiento" como consejero delegado, "han transcurrido dos años y cuatro meses, tiempo durante el que ha estado en paro".

"Como dijimos en la demanda, el señor Orcel lo que quiere es trabajar", añade el escrito, que explica que el pasado enero "se pusieron en contacto con él para ofrecerle integrarle en la lista de candidatos a consejeros" de UniCredit. Fue elegido para el puesto tres meses después.

En el escrito se informa la juez de que UniCredit "no ha asumido los incentivos a largo plazo (buy-out) que sí asumió Banco Santander" y de que la cantidad final no percibida por Orcel de su anterior puesto en UBS asciende a 30 millones de euros.

"Así las cosas", señala, "venimos a desistir de la pretensión de cumplimiento" del pretendido contrato como consejero delegado del Banco Santander, manifiesta.

En su lugar, se solicita que, dada la "validez y perfección del contrato" y la "invalidez" del "desistimiento unilateral sin causa llevado a cabo", la entidad indemnice a Orcel en las siguientes cantidades: 17 millones de euros por el bonus de incorporación; 35 millones por la asunción de incentivos a largo plazo (o 30 millones "para evitar un enriquecimiento injusto", matiza); dos anualidades del salario que habría cobrado como consejero delegado, que son "los dos años en que ha estado en el paro" (la demanda inicial solicitaba cinco o tres anualidades)  y, finalmente, 10 millones "por daños morales y reputacionales".

La cuantía reclamada al Santander pasa, así, de 112 millones a 76 millones.