"En ningún caso creo que esta operación es un fracaso para Bankia. Si en mayo de 2012 nos llegan a decir que vamos a llegar a esta situación, a todos nos hubiera parecido un sueño". Para José Ignacio Goirigolzarri, el casi presidente de CaixaBank, la historia de Bankia difícilmente puede definirse como un fracaso. No en vano, la entidad que hoy desaparece está muy lejos de aquella de la que tomó los mandos en 2012, tras una convulsa salida a bolsa que daría lugar a un larguísimo proceso judicial y un rescate al sector bancario que a día de hoy sigue muy presente en la economía española.

En esos años que hicieron de transición entre el estallido de la gran crisis económica de 2008 y el de la mayor crisis financiera que ha afrontado el país nació Bankia. Siete de las antiguas cajas de ahorros (Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja de Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja y Caja Canarias) se contituyeron en uno de los entonces llamados sistemas de protección institucional (SIP) y dieron lugar a BFA, la que sería la matriz de Bankia.

Con ese nombre comercial y tras una separación de activos, la entidad empezó a cotizar el 20 julio de 2011. La campana de su debut bursátil, al que acudieron miles de accionistas, algunos grandes institucionales y muchos minoristas, la tocó Rodrigo Rato, presidente de la misma desde su creación. Aquel día, el parqué estaba abarrotado.

Ayudas públicas

La euforia del salto a la bolsa de la entidad no tardó en desvanecerse. Apenas diez meses depués, Bankia volvió a ser el centro de todos los focos, pero en un escenario muy diferente. Con una prima de riesgo disparada y entre alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI), las autoridades fijaron el destino de Bankia en la que se antojaba como la única solución posible: un rescate público.

Años después, los protagonistas de esta historia (gestores, supervisores, autoridades) contarían sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional que la caída fue fruto del devenir económico del país. En apenas diez meses, las acciones de la entidad habían perdido el 40% de su valor, algo que Rato achacó en sede judicial a que "el mercado cambia, es fluctuante" y, con más franqueza en sede parlamentaria, a que "es el mercado, amigo".

Bankia se vio obligada a realizar un plan de saneamiento que acabó derivando en la nacionalización del 100% de la entidad por parte del Estado español en mayo de 2012. En aquellos años, el grupo recibió ayudas públicas por 22.424 millones de euros. Por el momento, ha devuelto algo más de 3.000 millones a través de dividendos y colocaciones de participaciones lideradas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), propietario aún en nombre del Estado del 61% de Bankia (16% de CaixaBank).

José Ignacio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar.

Fue en mayo de 2012 cuando Goirigolzarri entró en la entidad acompañado de un nuevo equipo gestor con pocos nombres correspondientes a la etapa anterior. Coincidiendo con su llegada, el Estado firmó con las autoridades europeas un memorándum de entendimiento que fijaba condiciones para la ayuda financiera, tras lo cual la entidad redujo su red de oficinas casi un 40% y su plantilla otro 30% en apenas tres años.

Proceso judicial

La reestructuración finalizó del todo en 2017, cinco años después de su inicio, lo que coincidió con la absorción por parte de Bankia de Banco Mare Nostrum (BMN), otra antigua caja de ahorros que había recibido ayudas públicas. Su último año sin planes de independencia, 2019, fue también su mejor ejercicio comercialmente hablando.

Entre tanto, sus gestores (antiguos y nuevos), representantes de las autoridades y los supervisores, peritos, afectados, políticos y otros testigos desfilaron por los pasillos de la Audiencia Nacional para dar cuenta de su versión sobre la polémica salida a bolsa de Bankia. Lo hicieron en el marco de un proceso penal que sucedió al civil, cerrado en 2016, en el que se había anulado la compra de acciones.

El juicio penal, que duró casi un año, se saldó con la absolución total de los más de treinta acusados, entre los que se encontraban Rato, la propia Bankia y Deloitte, su auditora, a través de una sentencia que se hizo esperar casi otro año y llegó en septiembre de 2020.

Pocos días antes de conocerse el fallo, tras meses de incertidumbre económica por la pandemia, Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, accionista mayoritario de CaixaBank, inició conversaciones con la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para explorar la fusión de ambos bancos.

La operación gustó a autoridades, consejos de administración y juntas de accionistas, que fueron dando su aprobación a una fusión que se materializa ahora y que termina con el periplo bursátil de la entidad, que se despidió del Ibex 35 y de la bolsa el pasado viernes.

Sus 162.870 accionistas lo serán desde el lunes de CaixaBank. Bankia desaparece siendo el cuarto banco del país por volumen de activos (209.842 millones), por tamaño de red (2.127 oficinas) y por plantilla (15.950 empleados). 

Tras diez años de historia, el final de Bankia se ubica, paradójicamente, en otra caja de ahorros. CaixaBank se ha convertido en la suma de 130 de las antiguas cajas que poblaban el territorio español hace apenas 15 años.

La unión de ambas entidades, que comparten filosofía por su origen como entidades de ahorro, estará capitaneada por el propio Goirigolzarri y Gonzalo Gortázar, entre quienes existe un buen trato evidente, salvo en cuestiones de fútbol, en las que discrepan "de forma radical", según el futuro presidente del banco. Juntos liderarán un proyecto que, en palabras de Gortázar, "sale desde la pole".

Goirigolzarri siempre se ha confesado lleno de "ilusión" por el nuevo proyecto, pero también dueño de sentimientos encontrados al despedir a Bankia, "un proyecto precioso" en el que, dice, ha disfrutado "muchísimo". Un proyecto que termina muy lejos de donde empezó. Especialmente, según Goirigolzarri, lejos de ser un "fracaso".