“Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda durante esta crisis”. Con esta contundencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este martes la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la moratoria hipotecaria dentro de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria que asola el país.
La reacción no se hizo esperar. Las asociaciones de consumidores celebraron de inmediato la medida. Y el sector bancario se mostró dispuesto a colaborar para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia.
El mensaje público desde la industria es de total apoyo a las medidas del Gobierno. En un comunicado, la Asociación Española de Banca (AEB) ha mostrado su compromiso con un plan que busca “evitar la caída de la producción y sostener el empleo", expresando su "total disposición a facilitar la rápida ejecución para mitigar los efectos de la crisis sobre las familias y empresas".
Adelante con todo
No queda otra que apretar los dientes. La medida no llega en el mejor momento para una industria duramente castigada en bolsa por el entorno de tipos negativos y las previsiones de fuerte desaceleración económica.
Pero están obligados a arrimar el hombro. No solo por exigencia del Gobierno, sino por su propia reputación.
“Estamos de acuerdo en que nadie se debe quedar atrás por un problema de
liquidez. Ayudaremos al Gobierno y a la sociedad a superar esta situación”,
indica el presidente de la AEB, José María Roldán. “Colaboraremos sin descanso
y en la medida de nuestras posibilidades a frenar el impacto de esta crisis
sanitaria”, añade.
Desde la Ceca también han valorado positivamente la moratoria del pago de los préstamos hipotecarios a las personas especialmente vulnerables. "El principal esfuerzo de CECA y sus entidades asociadas se concentra en apoyar al sector productivo y a las familias para mitigar el impacto económico de esta crisis sanitaria", indican.
Recuerdan además que el programa de avales públicos, instrumentado a través del ICO, "permitirá solucionar los problemas transitorios de liquidez que puedan estar experimentando empresas y autónomos. Las entidades del sector CECA ponen a disposición de este programa toda la capilaridad de sus redes de oficinas".
Aún así, fuentes del sector consultadas por Invertia reconocen que llegar a este punto no habría sido necesario siguiendo su propio Código de Buenas Prácticas.
Buenas prácticas
Según indican, esa norma interna ya establece la obligación de llegar a acuerdos con los clientes más vulnerables en caso de que no puedan hacer frente a sus préstamos, con medidas como las reestructuraciones de deuda con garantía hipotecaria o los aplazamientos.
Pese a todo, la industria confía en que la repercusión en los resultados o en la solvencia del sector sea mínima. Según explican, un impacto negativo solo se vería si los ‘impagos’ hipotecarios se extienden más allá de tres meses, “algo que no prevemos en principio”.
Cabe recordar que el plazo de la moratoria impuesta en Italia, país de referencia en este tipo de medidas, puede extenderse hasta los 18 meses, reiniciándose el pago de los plazos en las mismas condiciones en las que se interrumpió. De hecho, la norma italiana deja bien claro que la congelación del pago no comporta la aplicación de comisiones “y se produce sin necesidad de petición de nuevas garantías” al cliente.
En principio, la moratoria española se aplicará a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo a causa de los efectos del Covid-19 y solo durante el periodo del estado de alerta.
El problema es que el parón económico por el cierre de empresas puede prolongar la situación de vulnerabilidad de muchas familias más allá de las semanas que duren las restricciones de prevención frente al virus. En este caso, los bancos reconocen que tendrían que reclasificar esos créditos para incluirlos en su cartera de morosos si las cuotas impagadas superan los tres meses. Y, a mayor morosidad, mayores provisiones.
En este caso, desde el sector prefieren ver el vaso medio lleno y confían en las medidas del Banco Central Europeo (BCE) para minimizar el impacto de las nuevas moratorias que tengan que asumir.
Según datos del Banco de España a cierre de enero de 2020, los bancos cuentan actualmente con 509.369 millones de euros en crédito hipotecario a las familias.