La Fiscalía Anticorrupción ha pedido citar como investigado al expresidente del BBVA Francisco González en el caso Villarejo, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidiera en julio imputar a la entidad bancaria como persona jurídica.

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas y ha adelantado 'El Mundo', la Fiscalía ha pedido su imputación a la vista de la investigación abierta al BBVA en la pieza 9 de esta causa, en la que se indaga sobre las presuntas contrataciones del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Cuando el juez imputó a la entidad los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, le citó para el 24 de septiembre, fecha que después pospuso al 10 de octubre y finalmente, según precisan fuentes jurídicas consultadas por Efe, será previsiblemente la semana que viene cuando comparezca un representante legal del banco.

García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió en la contratación del comisario jubilado para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.

Al imputarle, consideró necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.

En concreto, en relación al delito de corrupción en los negocios, la investigación persigue aclarar si el BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos "pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad".

El juez debe decidir ahora si incluye a González entre los exdirectivos investigados en la pieza número 9 del caso Tándem sobre las contrataciones, por valor de varios millones del banco a Cenyt, empresa del excomisario, que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.