El Banco de España advierte a los bancos sobre el aumento del riesgo de litigiosidad en relación con las tarjetas de crédito, en especial las de pago aplazado, sobre las que en 2018 hubo un aumento importante de reclamaciones ante el supervisor.

Además, el Banco se plantea activar el Colchón de Capital Anticíclico (CCA) en la primera mitad de 2021, cuando indicadores de evolución del crédito superarían los umbrales máximos, advierte de que vigilará a los intermediarios bancarios y no bancarios para frenar una eventual asunción excesiva de riesgos y alerta sobre los ciberriesgos.

El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España del primer semestre de 2019 refleja que se mantiene también el riesgo de reclamaciones por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) -del que ya alertó el semestre anterior- pendiente del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

El documento analiza los riesgos para el sistema financiero y los sitúa en un nivel medio, aunque respecto al cierre de 2018 han aumentado los relacionados con el crecimiento de la economía y los que afectan a la rentabilidad de los bancos.

Destaca el aumento de reclamaciones al Banco de España relacionadas con tarjetas de crédito, así como los litigios sobre los términos de contratos de crédito "revolving", en particular las tarjetas de pago aplazado, lo que "sugiere" un potencial aumento de la litigiosidad en este segmento del negocio bancario.

COLCHÓN ANTICÍCLICO

Fuentes de la Dirección General de Estabilidad Financiera del Banco han explicado que la activación del colchón podría acordarse si se produce un aumento excesivo del crédito al sector privado, si hay una sobrevaloración de los precios de la vivienda o si aumenta el esfuerzo que supone para familias y empresas el pago de los préstamos.

La activación del CCA, una herramienta macroprudencial introducida en el marco de Basilea III, permite al Banco de España exigir a las entidades capital adicional en épocas de expansión excesiva del crédito para absorber pérdidas en momentos de recesión. En caso de activarlo, las entidades afectadas tendrían 12 meses para cumplir el requerimiento.

En su diagnóstico de la economía, explica que el PIB global crecerá este año al menor ritmo desde la crisis, con focos de incertidumbre como la guerra comercial, el "brexit" y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. En el caso español, cita además la prolongada incertidumbre política y el impacto de los "últimos desarrollos" en Cataluña.

Avanza que, de concretarse esas amenazas, podría producirse un ajuste "intenso y duradero" en los precios de los activos financieros además de reducir los ingresos de los hogares por menor creación de empleo y subidas salariales más ajustadas y disminuir los beneficios empresariales.

RENTABILIDAD

La rentabilidad de los bancos, que en junio de 2019 estaba por encima de la media de la zona euro, está muy afectada por el escenario de bajos tipos de interés, por lo que el supervisor considera un reto "notable" que, al menos, cubran el coste del capital e insta al sector a "seguir perseverando" en el fortalecimiento del capital y el reforzamiento de la solvencia.

Advierte de que los riesgos sobre la rentabilidad afectan no sólo a los bancos, sino también a fondos de inversión, de pensiones, compañías de seguros y sobre todo a aquellos instrumentos que devuelven un interés garantizado.

En estos casos, los intermediarios pueden tener incentivos para compensar la baja rentabilidad de su negocio habitual con una mayor asunción de riesgos, por lo que "habrá que estrechar la vigilancia para evitar la acumulación de riesgos sistémicos".

Al tiempo, considera que los ciberriesgos pueden afectar a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y alerta de la concentración de los proveedores de los servicios en la nube, que no están regulados ni supervisados, pero son "puntos críticos" de la infraestructura financiera.