La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, jornada en la que está previsto que concluya el informe de una Fiscalía Anticorrupción que sostiene que los exgestores de la entidad se "concertaron" para ocultar los deterioros del grupo.

Según ha denunciado la fiscal Carmen Launa en las últimas tres sesiones, los antiguos administradores del banco, liderados por su expresidente Rodrigo Rato, infundieron al mercado una "falsa confianza" al incluir en el folleto de la operación unas cuentas "falseadas" que fueron avaladas por el auditor externo.

En su opinión, tales "artificios contables" comenzaron en la creación misma del grupo BFA, en diciembre de 2010, a fin de ocultar los deterioros millonarios que arrastraban las cajas en el momento de su integración, más concretamente Bancaja, a la que se dotó de una apariencia ficticia de solvencia.

Aún teniendo el "perfecto conocimiento de que lo que se sacaba no se correspondía con la realidad ofrecida" a los inversores, Rato y su entonces número dos, el que fuera presidente de la entidad levantina, José Luis Olivas, impulsaron el debut bursátil de Bankia para cumplir con los nuevos requerimientos de capital exigidos.

De este modo, no sólo obviaron cualquier solicitud de ayudas públicas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que esta alternativa exigía un cambio en la gobernanza al que ningún ejecutivo estaba dispuesto a ceder, sino que sólo solicitaron autorización al Banco de España cuando "estaba ya todo consumado".

El relato de la fiscal subraya además la responsabilidad de la decena de personas restantes a las que acusa desde el pasado julio, cuando hizo efectivas las modificaciones de sus conclusiones provisionales.

Así pues, Launa insiste en el papel, como "piezas fundamentales", del exresponsable de la auditoría interna del banco, Miguel Ángel Soria, así como del actual interventor, Sergio Durá, quienes trataron de "evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los estados financieros" respecto a las cuentas anuales de 2011.

También del ex director general de riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, ya que entregó toda la documentación a los organismos supervisores a pesar de conocer que las premisas de las que se partía no reflejaban el estado real del banco, así como del auditor Francisco Celma, al que afea por su falta de diligencia en las cuentas que sirvieron de base para el salto al parqué.

En su escrito final, Launa pide ocho años y medio de cárcel para Rato por presunta estafa a inversores y falsedad contable, pena sensiblemente superior a la que reclama para Olivas y el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de prisión, respectivamente.

Por su parte, solicita dos años y medio de cárcel para Sánchez Barcoj, en tanto que baja a entre seis y nueve meses de prisión el posible castigo para el exvicepresidente de Bankia Francisco Verdú.

La acusación se hace extensible a otras diez personas, los exconsejeros del grupo con presencia en las comisiones de auditoría -como el exministro del Interior Ángel Acebes-, y los propios Durá y Celma, para los que pide hasta dos años de cárcel.