El Gobierno creará el Comité de Inversiones Estratégicas, que supervisará y controlará los grandes proyectos de inversión empresarial en España.
El comité dependerá de la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa y estará presidido por Manuel de la Rocha, principal asesor económico de Pedro Sánchez.
Los proyectos declarados estratégicos tendrán acceso preferente a ayudas públicas, exenciones fiscales y una tramitación más ágil, pero estarán sujetos a condiciones y supervisión continua.
El comité priorizará iniciativas con alto impacto económico, social o ambiental, y podrá retirar la condición de proyecto estratégico si no se cumplen los compromisos establecidos.
El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días el esperado Comité de Inversiones Estratégicas, un organismo con el que oficiosamente aumentará su control sobre empresas privadas y supervisará durante todo su desarrollo los grandes proyectos de inversión.
Este comité -según sus bases normativas publicadas- queda adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno.
Es decir, dependerá además directamente de su director, Manuel de la Rocha. El principal asesor de Pedro Sánchez en temas empresariales y económicos ostentará además la presidencia junto con un directivo que designe el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Dicho de otra manera, y pese a que participarán todos los ministerios, buena parte del poder de decisión se dará a De la Rocha. Es así como Moncloa tendrá el control para decidir qué grandes proyectos tendrán tratamiento privilegiado por su "interés estratégico".
Esto supone que estas empresas y sus proyectos seleccionados accederán a la vía rápida de su tramitación, a una mejor coordinación con las diferentes administraciones, a ayudas públicas y eventuales exenciones fiscales.
Este comité les pondrá condiciones para ganarse esta condición, pero además les supervisará y les podrá quitar este carácter de proyecto estratégico si, dado el caso, no cumplen con lo prometido. En definitiva, un control total de estos proyectos en todo momento de su despliegue.
Este Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado hace más de un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; en noviembre se publicó la orden ministerial de su creación; y se recuperó en el decreto del 21 de marzo para contener los efectos de la guerra de Irán.
Pero todavía no está a pleno funcionamiento; aunque la semana pasada terminó su proceso de consulta pública. Es así como en los próximos días debería publicarse su versión definitiva del borrador tras pasar todos los pasos legales como el Consejo de Estado o la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Gobierno lleva más de un año vendiendo este comité como una herramienta para agilizar la tramitación y potenciar grandes proyectos de inversión, funcionando como una ventanilla única para inversores nacionales y extranjeros. "Busca simplificar la burocracia y asegurar la ejecución de proyectos clave para la economía", dice el Ejecutivo.
Pero en la práctica decidirá qué proyectos de inversión pueden ser considerados estratégicos, un "sello de calidad" que permitirá a la empresa beneficiada tener una 'vía rápida' en la tramitación, una mayor coordinación entre las administraciones, un acceso preferente a ayudas, beneficios fiscales y, en definitiva, un mejor trato del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos.
También impondrá compromisos y obligaciones para estos proyectos, monitorizará su ejecución, informará sobre los posibles incumplimientos e incluso puede proponer la posible revocación de la condición de proyecto estratégico, con la pérdida de todos los beneficios otorgados.
El comité tiene el objetivo de priorizar aquellos proyectos estratégicos con mayor impacto económico, social y ambiental, "evitando la saturación y la especulación". Y hay quienes ven aquí un claro interés de premiar a empresas o frenar proyectos de quienes no se plieguen a los objetivos de Moncloa.
El texto fundacional del comité indica que serán proyectos estratégicos "todas aquellas iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas".
"Razones de interés público
Y en ellas deben concurrir "razones de interés público, social y económico para el conjunto del país". Unas condiciones sobre las que decidirá este comité controlado por Moncloa.
Además, estos proyectos estarán directamente relacionados con la entrada de nuevos inversores extranjeros y el uso por parte del Gobierno del escudo antiopas.
En caso de que el proyecto necesite autorización de la Junta de Inversiones Exteriores no podrá ser declarado como estratégico en caso de que sea denegada dicha autorización.
Si la inversión exterior fuese objeto de autorización administrativa previa, se suspenderá el procedimiento para la obtención de la declaración de proyecto estratégico de inversión hasta que ésta se resuelva
Composición del comité
Respecto de quienes controlen este organismo, fuentes empresariales advierten a este diario que De la Rocha ha estado en el punto de mira en las últimas semanas por el asalto del Gobierno a Indra y la salida de su presidente Ángel Escribano.
El responsable económico de Moncloa fue además citado por el PP al Congreso para explicar su participación en estos movimientos, pero no asistió a la comisión respectiva, alegando que no se le convocó con la debida antelación.
El caso es que De la Rocha siempre ha sido partidario de tener influencia gubernamental en las empresas estratégicas y en los grandes del Ibex. Y eso preocupa.
Respecto de su estructura, el comité contará con tres vicepresidencias. La vicepresidencia primera será para la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno; la segunda para el Ministerio de Industria y Turismo; y la tercera será para el Ministerio para la Transición Ecológica.
Pero además contarán con vocales representantes del ministerio de Defensa, Hacienda, Transportes, Trabajo, Agricultura, Economía, Sanidad, Ciencia, Inclusión, Transformación Digital, de la Oficina de Prospectiva y del ICEX.