Una mujer deja su equipaje de mano justo encima de su asiento en un avión
Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano: "Vulnera la libertad de precios"
El Gobierno dispone ahora de un plazo de dos meses para presentar alegaciones o modificar la legislación si no quiere que el caso acabe ante el TJUE.
Más información: Bruselas lanza una investigación contra España por las multas a las aerolíneas por el equipaje de mano
La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por las sanciones de hasta 179 millones de euros impuestas por el ministerio de Derechos Sociales y Consumo a cinco aerolíneas low cost (entre ellas Ryanair o Vueling) por cobrar un suplemento por el equipaje de mano en cabina.
Bruselas sostiene que tanto estas sanciones como la Ley española de Navegación Aérea en la que se basó el departamento de Pablo Bustinduy para imponerlas vulneran la normativa de la UE en materia de servicios aéreos, y en particular la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios.
El Ejecutivo comunitario ha formalizado la apertura del expediente mediante el envío a Madrid de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción.
El Gobierno de Pedro Sánchez dispone ahora de un plazo de dos meses para presentar alegaciones o modificar su legislación. Si sus argumentos no le convencen, la Comisión podría enviar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su expediente, Bruselas alega que España no ha incorporado plenamente a su legislación nacional la normativa de la UE en materia de servicios aéreos.
En concreto, el reglamento 1008/2008 establece la libertad de las aerolíneas para fijar sus precios. Por su parte, el TJUE ha dictaminado que el equipaje de mano debe ser, en principio, gratuito, "siempre que cumpla unos requisitos razonables de peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables".
"No obstante, el equipaje de mano que supere dichos requisitos razonables queda sujeto a la libertad tarifaria de las compañías aéreas", sostiene la Comisión.
Bruselas denuncia que la Ley española de Navegación Aérea vulnera este principio dado que "no permite que las aerolíneas cobren un suplemento por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano".
Esta disposición "restringe la libertad de las compañías para fijar precios y para diferenciar entre un servicio que incluya un mayor derecho de equipaje en cabina y otro que solo ofrezca la franquicia básica, considerada parte necesaria del transporte".
Por todo ello, el Ejecutivo comunitario ve ilegales las sanciones a las cinco aerolíneas por aplicar cargos adicionales al servicio de transporte de equipaje de cabina suplementario.
Estas multas se basan en una interpretación de la sentencia del TJUE basada en la Ley española de Navegación Aérea, y por tanto "también vulneran" el reglamento 1008/2008, sostiene Bruselas.
Consumo no recula
La Comisión ya lanzó una investigación contra España en enero en respuesta a una queja presentada por las asociaciones de aerolíneas A4E, IATA y ERA contra las sanciones de Consumo por sus políticas de equipaje de mano.
Sin embargo, el diálogo entablado desde entonces con el departamento de Bustinduy no ha dado ningún resultado, por lo que Bruselas ha decidido dar un paso más y lanzar un expediente formal.
"Es lamentable que la Comisión Europea haya decidido posicionarse abiertamente como el abogado defensor de este puñado de grandes multinacionales que se están lucrando a costa de los derechos de los consumidores", ha criticado Bustinduy.
Fuentes del ministerio aseguran que el procedimiento de infracción de la Comisión "no altera las sanciones a las cinco aerolíneas low cost por parte del Gobierno de España, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial".
El departamento en manos de Sumar sostiene que la Comisión "no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE".
El ministerio de Derechos Sociales y Consumo "se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea".
Por todo ello, Bustinduy ha anunciado que no va a hacer caso a la Comisión y que esperará al fallo del TJUE. "Vamos a defender las veces que haga falta, y ante quien haga falta, que primen los derechos de los consumidores y el interés general sobre el lucro y el beneficio desmedido de un puñado de grandes multinacionales".
