La avalancha de contratos millonarios que debe adjudicar 'a dedo' el Ministerio de Defensa ha desatado el temor entre sus altos cargos.
El departamento de Margarita Robles debe asignar más de 3.000 millones bajo este sistema, algo que ha levantado las suspicacias entre quienes tienen que tomar las decisiones por lo que supone de responsabilidad.
Hablamos de algo más de la tercera parte de los 10.470 millones en los que se aumentó el presupuesto del departamento.
Un dinero que se repartirá en hasta 31 programas con adjudicaciones públicas cuyas cifras finales deberían decidirse tras un concurso público de adjudicación.
Pero como se trata de cuestiones de seguridad nacional críticas para el Estado, la UE permite hacerlo de forma directa en virtud del artículo 346 del Tratado. Fórmula que ha escogido el Gobierno para formalizar los pedidos.
Sin embargo, en el seno del Ministerio existen dudas sobre lo que puede venir después. La posibilidad de que haya impugnaciones o denuncias de otros proveedores o instituciones es muy elevada. Y pocos son los funcionarios que están dispuestos a asumir el riesgo y el impacto que pueda tener en su carrera.
Se supone que el Ministerio escoge siempre las mejores propuestas. Ya sea por cuestiones operativas, tecnológicas, de precio o un mixto de todas.
La ley marca que la primera opción sea la de fabricantes o proveedores nacionales; después estarían las empresas europeas con ese producto de calidad similar.
Pero eso no evita que se pueda entrar en procesos judiciales ante demandas que pueden llegar desde instancias políticas, empresariales o de organismos encargados del control de las cuentas públicas en informes ex post (Tribunal de Cuentas o Intervención del Estado).
Fuentes conocedoras de la situación aseguran que en Defensa se ha extendido el "síndrome del fondo de solvencia", el que se creó para salvar a empresas en dificultades tras la pandemia, que ha dado lugar a procesos públicos como los casos Plus Ultra o Air Europa.
En el caso de defensa, los subsecretarios, secretarios generales y directores generales son los encargados de dar el visto bueno con su firma a las adjudicaciones directas.
El temor no es tanto hacerlo mal, pues su capacidad técnica es indiscutible, como verse inmersos en procesos públicos en los que, además, tengan que justificar su decisión ante un juez.
Todo se ha complicado por la tensión que ha generado en la industria de defensa la necesidad de hacer consorcios y uniones entre empresas, tanto para acceder a los contratos como para aumentar de tamaño de cara a negocios a escala europea.
Hay contratos como los que se generan para Navantia o Airbus (fragatas, aviones y helicópteros), cuya adjudicación no es problemática, pues son líderes en sus segmentos.
Sin embargo, la pelea en otros productos como blindados, drones o todo tipo de desarrollos tecnológicos, es máxima.
Indra tira del sector
Ahí será clave el papel de Indra. El grupo ha identificado más de 20 empresas susceptibles de ser captadas para su perímetro de defensa.
Un negocio que ahora mismo aporta la cuarta parte de su facturación y que aspira a hacer crecer en los próximos años para convertirlo en el core de su negocio. El objetivo es ser 'tractora' de la defensa en España.
Una operación que cuenta con el aval del Gobierno, que es propietario del 28% de la compañía y que quiere que sea la punta de lanza española en el nuevo mundo de la defensa europea.
Este mismo martes el consejo de Indra analizaba la opción de quedarse con la empresa que es propiedad de su presidente Ángel Escribano.
Una sociedad que ha tenido una rápida progresión: hace tres años facturaba apenas 100 millones de euros y ahora se pretende valorar en cerca de 1.500 millones. Todavía no hay una decisión tomada, aunque el mercado da por hecho que la operación se llevará a cabo.
El aumento de tamaño que sufrirá Indra en los próximos meses, y la voluntad del Gobierno de apoyarla (mediante contratos) ha levantado ampollas en el sector.
Algunos grupos u operadores relevantes a nivel europeo, como la filial de General Dynamics en España, Santa Bárbara, ya han mostrado su malestar.
Conviene recordar que Indra intentó, sin éxito, comprar Santa Bárbara para multiplicar su tamaño de forma rápida y convertirse en una empresa integral capaz de ensamblar blindados como el 8x8 Dragón.
Sea como sea, lo que está claro es que Indra ha trazado ya el camino para acercarse a la alemana Rheinmetall, la italiana Leonardo, la francesa Thales o grupos británicos como Bae Systems.
Desde el ámbito político y empresarial se cuenta con que España puede jugar un papel importante en el desarrollo del sector a nivel europeo, gracias sobre todo a su capacidad tecnológica. No tanto por el tamaño de sus empresas.
Frente al dominio previsto de Indra en solitario, en el mercado coge fuerza la opción de desarrollar un consorcio capaz de llegar a grandes contratos a través Tess Defense.
Un grupo en el que la propia Indra tiene mayoría (51%), pero donde están también la guipuzcoana SAPA y Santa Bárbara (General Dynamics).
Tess Defense está también inmersa en el contrato del vehículo de apoyo al 8x8, el VAC de cadenas, con un contrato de cerca de 2.000 millones de euros pendiente de confirmar, que garantiza la viabilidad de todo el consorcio.
El pacto arancelario
Desde General Dynamics ven con buenos ojos la opción de Tess Defence, porque es una puerta de entrada al mercado europeo a través de su filial Santa Bárbara.
Incluso se espera que haya contratos adjudicados a la compañía a pesar de tener su base de capital en EEUU.
Fuentes del mercado recuerdan que el empeño del Gobierno por crear un consorcio a toda prisa a través de Indra está avalada por la estrategia europea de autonomía en la industria de defensa.
Por otro lado, recuerdan que falta por definir las compras que el acuerdo de aranceles con Trump obliga a la UE a hacer en material de defensa a empresas de capital norteamericano.
Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que Europa deberá destinar más de 600.000 millones a material de EEUU para Ucrania.
En ese escenario, algunos empresarios del sector apuestan por la vía Tess Defence y Santa Bárbara, para aportar a esa obligación y mantener buenas relaciones con EEUU y con Bruselas.
La apuesta de la UE a largo plazo es la autonomía de su industria de defensa, pero hoy por hoy, todavía se compra a EEUU el 70% de las importaciones del sector.
Una dependencia que se tardará muchos años en acortar y frente a la que solo los grandes consorcios europeos tienen opciones de combatir.