Aunque España se encuentra entre los países de la OTAN que menos invierten en Defensa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por aprovechar solo una mínima parte de los fondos europeos ofrecidos por la Comisión de Ursula von der Leyen en su plan de rearme para la Unión Europea.
Sánchez ha solicitado únicamente 1.000 millones del nuevo instrumento SAFE, cuya dotación total asciende a 150.000 millones de euros en créditos blandos, y que tiene como objetivo ayudar a los Estados miembros a aumentar "de forma rápida y sustancial" su inversión en defensa.
Si el reparto se hubiera hecho en función del PIB, a España -que es la cuarta potencia económica de la UE- le corresponderían alrededor de 15.000 millones de préstamos SAFE.
.-
Pero además, el ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles podría haber pedido incluso más dinero, ya que algunos países -como Alemania, Países Bajos o Suecia- han renunciado a los préstamos de la UE porque ya se financian con mejores condiciones en los mercados.
Sin embargo, la adjudicación se ha realizado no en función del tamaño de los países o del PIB, sino a partir de las solicitudes recibidas, según ha explicado el comisario de Defensa, Andrius Kubilius.
De hecho, otros países de menor tamaño y que tampoco están cerca del frente de guerra en Ucrania han reclamado a la UE mucho más dinero que España. Es el caso de Bélgica (8.300 millones), Portugal (5.800 millones), Croacia (1.700 millones) o Chipre (1.181 millones).
El Estado miembro que más dinero ha solicitado es Polonia, que recibirá prácticamente un tercio del total de los créditos de SAFE (43.700 millones).
"Queremos que este fondo fortalezca las capacidades clave de las Fuerzas Armadas Polacas, incluyendo la defensa aérea y antimisiles, los sistemas de artillería, la munición, los drones y los sistemas antidrones", ha explicado su ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.
"También apoyará las capacidades estratégicas, la protección de infraestructuras críticas, la movilidad de tropas y el ciberespacio", ha agregado Kosiniak-Kamysz, que ha calificado el reparto como un "gran éxito para Polonia".
Entre los grandes Estados miembros, Francia ha solicitado 16.200 millones de euros de SAFE, mientras que a Italia se le han adjudicado 14.900 millones. Además, llama la atención el caso de la Hungría del euroescéptico Viktor Orbán, que ha pedido 16.200 millones.
Una mayoría de los Estados miembros interesados (un total de 13) han comunicado a Bruselas que utilizarán parte del dinero para ayudar a Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia.
En la última cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio, Sánchez firmó el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2032, tal y como exigía Donald Trump. Pero justo después anunció que no iba a cumplirlo y se plantaría en el 2,1%, provocando las críticas de EEUU y de los socios europeos.
La postura del Gobierno Sánchez no termina de entenderse en Bruselas. Los socios lamentan que un país fronterizo como España no tome medidas y apueste de forma decisiva por reforzar sus capacidades defensivas.
Además, insisten en un mensaje que llevan meses trasladando ante la reiterada negativa del Ejecutivo español: que cuando un país no invierte en Defensa, lo que hace es “debilitar a toda la defensa” de la Unión Europea, que se basa en un principio de solidaridad.
Sánchez también ha desoído la recomendación de Bruselas de activar la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad, lo que le permitiría financiar el aumento del gasto militar (hasta 1,5 puntos del PIB extra) con más endeudamiento a nivel nacional, sin chocar con las reglas comunitarias de disciplina fiscal.
En este caso, el Gobierno ha seguido la misma estrategia que Italia y Francia, que tampoco han activado la cláusula de escape. Los tres países tienen en común un nivel de deuda pública ya muy elevado -135,3% del PIB en el caso de Italia, 113% en el de Francia y 101,8% en el de España- y temen una reacción negativa por parte de los mercados que dispare sus costes de financiación.
Una vez realizado el reparto preliminar de SAFE, los Estados miembros beneficiarios deberán presentar para finales de noviembre sus planes nacionales de inversión, detallando en qué van a gastar los créditos de la UE.
El programa incluye un período de gracia de 10 años para el reembolso de préstamos, tipos de interés competitivos y opciones para acuerdos bilaterales con terceros países. El nuevo instrumento se financiará mediante la emisión de deuda conjunta respaldada por la Unión Europea.
En un guiño a Francia, SAFE incluye una cláusula 'Buy European', una preferencia para el armamento comunitario. Por un lado, los Estados miembros sólo podrán usar los créditos para comprar productos de empresas con sede en los países de la UE y Ucrania.
Además, los Gobiernos deberán garantizar que los equipos militares adquiridos tengan un mínimo del 65% de contenido fabricado en territorio europeo (se incluye también a Ucrania y Noruega).