El acuerdo in extremis de Sánchez y la OTAN da aire a la industria que teme el castigo de la menor aportación española

Fuentes del sector conocedoras de la situación habían alertado de posibles recortes a la participación española en los nuevos programas que se van a licitar, si bien Sánchez ha asegurado este domingo que nuestro país mantiene "intactos su peso y legitimidad" en la OTAN para ser "un actor global de primer orden".

El presidente aseguró que la delegación española ha convencido a Rutte y los negociadores de la Alianza para cerrar su participación en el 2,1% del PIB -casi 35.000 millones de euros-, que es "perfectamente compatible con las capacidades que nos pide la OTAN".

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El acuerdo previo alcanzado sobre la parte económica 'salva' también al presidente de llegar a la cumbre de la Haya de esta semana en una situación crítica ante EEUU y el resto de los socios de la OTAN, atenazado por los casos de corrupción en España y sin opciones de aprobar más gasto en defensa en el Parlamento.

El Gobierno tiene desde hace tiempo en marcha una estrategia de "unificación de las estructuras industriales de defensa de España" en torno a Indra, la tecnológica controlada por el Estado, que está en plena vorágine de compra en el sector para ganar peso en el nuevo mercado europeo de 850.000 millones de euros que ahora llega.

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Una menor aportación española al Presupuesto, sin el acuerdo diplomático que Sánchez ha anunciado, obligaría a Indra y el resto de compañías del sector a aliarse o integrarse en otros grandes grupos europeos para aprovechar el flujo del mercado.

Indra ya tiene firmado un acuerdo con la alemana Rheinmetall, uno de los grandes gigantes europeos de defensa, para aunar esfuerzos y coordinar estrategias en el nuevo entorno que afronta el sector. Una apuesta que ahora se puede ajustar mucho para lograr una integración mayor.

Una de las claves de ese proceso es el intento fallido de comprar Santa Bárbara, la filial española de la americana General Dynamics, que es junto al grupo alemán la única empresa europea capaz de ensamblar y producir blindados y vehículos acorazados de alta gama.

La hoja de ruta europea pasa por reducir la actual dependencia de la tecnología y la producción militar de EEUU y primar a los grupos europeos que puedan afrontar los nuevos contratos y programas 'in-house'. Esto es algo que penaliza la llegada de contratos a España por el control norteamericano de Santa Bárbara.

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Pese al acuedo alcanzado apenas dos días antes de la cumbre, los analistas del sector consultados aseguran que una Indra sin Santa Bárbara y controlada por un Gobierno bajo mínimos, tiene complicado alcanzar las oportunidades que va a abrir el mercado en las mejores condiciones posibles.

Desde la empresa se afanan en conformar un grupo capaz de ensamblar vehículos militares desde cero con su filial Indra Land Vehicles, y fabricar "cientos" de minisatélites con la unión de Hispasat.

Hasta que todo ello se consolide y consiga duplicar su facturación hasta casi 10.000 millones de euros, pasarán unos años cruciales.

El proyecto de fusión con la empresa familiar de su propio presidente, Escribano, y una mayor integración con socios como SAPA Placencia o el consorcio Tess Defence, que la propia Indra lidera, avanzan, pero no son suficientes aún para alcanzar a corto plazo el tamaño deseado.

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Los grandes grupos europeos como Thales, Leonardo o la propia Rheinmetall ya han empezado a trazar alianzas para afrontar los nuevos negocios con unas economías de escala que les permiten competir con ventaja y un 'exportase' demostrado durante años.

Desde el sector de la defensa advierten, además, que un posible adelanto electoral en España, en plena ebullición del mercado, puede dar al traste con los planes de la tecnológica controlada por el Estado para hacer la "unificación de la industria española de defensa", como se conoce a este proceso en el entorno de Moncloa.

Cumbre crucial

Mientras todo ese proceso político se dilucida a nivel interno en España, la cumbre de la OTAN de esta semana en La Haya debe servir para aclarar y definir de forma concreta la base financiera y las políticas de gasto que se van a abrir en el negocio de la defensa en los próximos años.

Si hacemos caso al planteamiento básico de la cita, se trata de que cada zona o país defina de forma clara cuáles son sus prioridades para garantizar su seguridad y cómo va a ayudar a su financiación.

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El Gobierno de Sánchez ya marcó algunas líneas básicas en el plan de impulso de la industria de defensa, con una ampliación de casi 10.500 millones en el gasto (sacadas de otras partidas sobrantes en su mayoría), que elevan la cantidad total a unos 33.000 millones y llegan al 2% del PIB, cuatro años antes de lo previsto.

El presidente ha recordado al anunciar su acuerdo con la OTAN que España ya ha duplicado su gasto en defensa desde 2018, con el convencimiento de que si hubiera que llegar al 5%, gran parte de ese dinero iría a parar de nuevo a EEUU y no a la autonomía estratégica de defensa en Europa. "No se trata de invertir más, sino de hacerlo mejor todos juntos", aseguró.

Fuentes al tanto de los entresijos de la Alianza aseguran que, como Sánchez, otros países se quedarán por debajo de ese 5%. Sobre todo porque cada uno tendrá sus necesidades particulares de seguridad y defensa, aunque ninguno de ellos lo ha advertido por carta antes de la reunión de La Haya.