Da igual cuál sea la situación económica de Emerita Resources, o si puede o no avanzar con sus proyectos de futuro. La compañía puede perfectamente litigar, como está haciendo ante la Audiencia de Sevilla, por la concesión de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar que ganó hace una década el consorcio Grupo México-Minorbis.
Así lo afirma en un auto la sección tercera de la Audiencia, donde se desarrolla la macrocausa contra 16 encausados por haber cometido en esta adjudicación delitos como tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
En ese grupo estarían funcionarios de la Junta de Andalucía; los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel, dueña de Minorbis; y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Cecilio Fernández Guerrero.
El juicio arrancó a principios de marzo y se retoma esta semana con una novedad: la resolución de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que, entre otros aspectos, pedían que se reconociera que Emerita había perdido "legitimación" para actuar como acusación particular. Se buscaba con ello desmantelar el proceso.
¿Su argumento? Apuntaban que Emerita había incurrido "en causa de disolución y falta de solvencia económica y técnica, hechos que no puso en conocimiento de la Administración durante el concurso minero", según señala el auto.
Es una tesis que han remarcado desde el inicio no solo las defensas de los acusados en la causa penal, también aquellos a los que se pide apenas responsabilidad civil, como Grupo México, cuyo abogado tildó en la primera sesión del juicio a Emerita de "empresita", "sin medios" y "especulativa", sin capacidad para explotar la mina.
¿Por qué querían entonces contestar el concurso? Tal era la lógica del letrado.
"Es perjudicada"
Pues bien, la sección tercera rechaza este argumento porque "es evidente que la sociedad denunciante es perjudicada" en la adjudicación, dado que se pone en duda si ésta se desarrolló de forma irregular, y esta firma fue la contendiente perdedora.
De hecho, está legitimada para litigar incluso si estuviera en causa de disolución "o tuviese una situación económica deficitaria" -y esto es algo que niegan sus representantes, advierte el auto-.
Porque ello "no privaría a dicha sociedad de su condición de perjudicada por la resolución de un concurso mediante supuestas maniobras delictivas, que es lo que constituye el objeto de este procedimiento y, menos, afecta a su posición procesal su situación económica actual, ni sus proyectos de futuro, que en modo alguno afectan a la resolución de este juicio".
Echa así por tierra la posibilidad de que pueda influir de alguna forma el argumento de que Emerita no tiene recursos para explotar el yacimiento. Es una tesis que se ha defendido ante el juez con abundante documentación sobre Emerita, desde documentos financieros hechos públicos por la propia compañía hasta un informe de Grizzly Research.
Se trata de un grupo de analistas al estilo Gotham City que apuntó en un informe de 2022 que Emerita es una empresa "sin financiación, sin experiencia, con un historial limitado y con tendencia a exagerar y no cumplir".
Tras emitirse el auto, las sesiones se han retomado con la declaración de los primeros acusados. Entre ellos, una técnica de la Junta de Andalucía, vocal de la mesa de contratación, que ha admitido que la inversión comprometida de Emerita Resources era muy superior a la del consorcio ganador.
Prometió más inversión
De hecho, la doblaba: ofrecían más de 600 millones de euros, frente a los 300 millones de euros de la propuesta ganadora, aunque, ha subrayado, ello no fue determinante para que vencieran porque sólo cuatro de los alrededor de 15 criterios de baremación eran económicos.
Tenían en este caso enorme peso los aspectos medioambientales, teniendo en cuenta el pasado de Aznalcóllar, vinculado al desastre medioambiental de 1998 -el segundo mayor de España, después del Prestige- por la fractura de la balsa de residuos del complejo, que era entonces operado por Boliden.
Reabrir el yacimiento requería por tanto mayor sensibilidad en este punto, y al sumar la quincena de criterios, ha agregado, la propuesta del consorcio Grupo México-Minorbis logró más puntos, según este relato, que ha negado cualquier irregularidad.