Movilización de los trabajadores de Talgo en Rivabellosa (Álava) el 20 de febrero de 2025. Europa Press
La falta de acuerdo con Renfe sobre las compensaciones por la multa de Talgo deja en el aire la 'extra' a los trabajadores
La compañía ferroviaria debe afrontar una nueva renegociación de la deuda con los bancos y cualquier sobrecoste puede ser una rémora en su proyecto
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Las negociaciones de la dirección de Talgo con Renfe y el Ministerio de Transportes, para frenar el impacto de la sanción por los retrasos en la entrega de los trenes Avril, no van por buen camino.
Tanto es así, que ya amenazan con dejar en el aire la bonificación que se había prometido a los trabajadores sobre las cuentas del ejercicio pasado, a pesar de que se cerró en pérdidas.
Fuentes conocedoras de la situación advierten que la promesa que se ha hecho a la plantilla a través de los sindicatos va a ser difícil de cumplir si no se obtiene algún tipo de alivio financiero que equilibre el pago de la multa.
Desde Talgo se han alegado ante Renfe y el Ministerio las reclamaciones que justificaron gran parte del retraso sufrido, de forma que se puedan tener en cuenta y contraponer a las que desde Renfe se piden y que son imposibles de evitar.
La situación entre las partes se ha enquistado y desde el entorno de la compañía se ha alertado que será difícil justificar el pago de las pagas extraordinarias tras un año en pérdidas, sobre todo si ahora hay que acometer una renegociación con los bancos de los 600 millones de deuda que arrastra la empresa.
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Desde Renfe se ha insistido en varias ocasiones de la imposibilidad legal de hacer ninguna concesión en el pago de la sanción de 116 millones, porque todo se rige por la Ley de Contratos del Estado y se entraría en el terreno de la malversación de fondos y la prevaricación.
Frente a ello, desde la empresa ferroviaria se defiende que hay opciones para admitir las reclamaciones que hace Talgo -retrasos por la pandemia, falta de vías de pruebas, etc.- y compensarlas con algún tipo de programa adyacente que puede venir muy bien a las cuentas de la empresa.
El consejo de administración de Renfe llegó a pedir informes legales a la Abogacía del Estado para poder frenar el pago de la multa o realizar algún tipo de quita sin que fuera ilegal, y el resultado fue tajante: la deuda se debe cobrar siempre que se maneje dentro de lo que es un contrato público.
El problema de las bonificaciones a los trabajadores se produce en un momento crucial para la compañía, que está pendiente de que el consorcio vasco liderado por el industrial José Jainaga, presidente de Sidenor, con apoyo del Gobierno Vasco y las Fundaciones Caja Vital y Bilbao Bizkaia Kutxa, se haga con el 29,7% del capital, que vende el fondo Trilantic.
La operación está en marcha y debe servir para acelerar la producción de trenes de Talgo, que tenía una cartera de pedidos de 4.173 millones de euros a finales del año pasado. Un ejercicio récord en ingresos (669 millones), que se cerró con pérdidas por la provisión necesaria para sufragar la multa de Renfe.
La reestructuración accionarial permitirá a la empresa poner en marcha sus planes de ampliación de capacidad y abrirse a la entrada de otros socios industriales que han mostrado su interés, con el objetivo de cumplir con los pedidos comprometidos con países, sobre los que lleva algún retraso con riesgo de nuevas sanciones.
Las fuentes consultadas advierten que un conflicto con los trabajadores o cualquier tipo de protesta a causa de los pagos extra pueden ser fatales para la empresa en este preciso momento.
