La Comisión Europea ha decidido este jueves denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre Fusiones. Una norma cuyo propósito es eliminar los obstáculos tributarios a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros.

La directiva en cuestión armoniza las normas fiscales relativas a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades en el mercado interior y en los Estados miembros de la UE. Su objetivo último es racionalizar los procesos de reestructuración de las empresas, reforzando así la competitividad y estimulando el crecimiento económico en toda la UE, según Bruselas.

El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento el 25 de enero de 2029. Posteriormente envió un dictamen motivado el 28 de noviembre de 2019 en el que exigía al Gobierno ajustar la legislación española a las exigencias de la directiva.

Sin embargo, en sus respuestas oficiales y en diálogos posteriores celebrados con Bruselas, las autoridades españolas sostienen que su legislación fiscal ya respeta la Directiva sobre Fusiones. Una opinión que no comparte el Ejecutivo comunitario, que sostiene que hasta la fecha los esfuerzos de las autoridades españolas han sido insuficientes.

En concreto, la Comisión denuncia que la legislación española aplica condiciones restrictivas a las escisiones totales de empresas, que no están previstas en la directiva sobre fusiones.

Tras la escisión completa de una empresa, los accionistas de la empresa escindida deben mantener la misma proporción de acciones que anteriormente tenían en la sociedad escindida en cada una de las empresas que hayan recibido los activos de la sociedad escindida.

Si no se cumple esta condición, la normativa española exige que los activos y pasivos transferidos sean ramas de actividad y, en consecuencia, no se benefician de ventajas fiscales.

Estas condiciones no las contempla el derecho de la UE y, por lo tanto, constituyen una violación de la directiva sobre fusiones, según el análisis de Bruselas.

"Una aplicación incorrecta de la Directiva sobre Fusiones por parte de un Estado miembro introduce una distorsión que perturba el mercado interior y contribuye a la inseguridad jurídica de las empresas", ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.