Tras varios intentos fallidos, los Gobiernos de la Unión Europea han aprobado finalmente este viernes una versión descafeinada de la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. Pese a los cambios introducidos a última hora para suavizar la norma, Alemania se ha mantenido en la abstención. Italia y Francia, que también tenían reservas, han acabado votando a favor.

La ley obligará a las grandes multinacionales a controlar que todos sus suministradores a lo largo de la cadena de valor, también los que están fuera de la UE, respeten plenamente los derechos humanos y la protección del clima. En caso contrario, podrían enfrentarse a elevadas multas (hasta el 5% de su volumen de negocios) y a indemnizar a las víctimas por los daños sufridos.

El acuerdo final ha sido posible después de que la presidencia belga del Consejo presentara una nueva propuesta de compromiso que recorta considerablemente el campo de aplicación de la directiva. Sólo estarán cubiertas las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, frente a los 500 empleados y 150 millones de euros que figuraban en la propuesta original de Bruselas. También se aplicará a las multinacionales extracomunitarias con una facturación superior a 450 millones en la UE.

[La UE obligará a las multinacionales a controlar que sus suministradores respetan los DDHH y el clima]

"Esto significa que menos de 5.500 empresas europeas tendrán que cumplir la ley, frente a las 17.000 estimadas" con las cifras anteriores, según ha denunciado Oxfam. Esta ONG critica también que para la mayoría de estas compañías las nuevas obligaciones no entrarán plenamente en vigor hasta el año 2029: la aplicación será gradual, empezando por las multinacionales de más de 5.000 trabajadores.

Además de Alemania, también se han abstenido o expresado reservas Suecia, Bulgaria, República Checa, Lituania, Eslovaquia, Malta, Austria, Estonia y Hungría. No obstante, todos estos países no han logrado sumar la minoría de bloqueo necesaria para tumbar la directiva.

Pese a las críticas de las organizaciones humanitarias, el Parlamento Europeo, que es colegislador en la materia y debe ratificar el texto antes de las elecciones de junio, ha acogido positivamente el acuerdo entre los Gobiernos. 

"Acogemos con agrado la noticia de que los Estados miembros han desbloqueado finalmente una legislación innovadora para hacer que las empresas rindan cuentas por los daños causados a las personas y al planeta. Las multinacionales tendrán que tomar medidas para evitar daños a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente, o enfrentarse a sanciones", ha dicho la ponente de la Eurocámara, la socialista holandesa Lara Wolters.

Por su parte, la patronal europea BusinessEurope ha arremetido con dureza contra la directiva. "Las nuevas normas de diligencia debida añadirán obligaciones sin paralelo, impondrán duras sanciones con posibles impactos existenciales para las empresas y las expondrán unilateralmente a litigios en todas partes del mundo", ha protestado su director general, Markus J. Beyrer.

"Las empresas europeas con operaciones en todo el mundo, algunas con millones de relaciones indirectas, quedarán en desventaja en comparación con sus competidores globales y podrían retirarse de los mercados debido a los riesgos de litigios y sanciones", ha denunciado.

El sector financiero queda temporalmente excluido del ámbito de aplicación de la directiva, pero se ha introducido una cláusula de revisión para una posible inclusión futura basada en una evaluación de impacto suficiente.

La directiva obligará a las grandes empresas a adoptar y poner en práctica un plan de transición para la mitigación del cambio climático. En materia de responsabilidad civil, el acuerdo refuerza el acceso a la justicia de las personas afectadas. Establece un período de cinco años para presentar reclamaciones por parte de aquellos afectados por impactos adversos (incluidos los sindicatos u organizaciones de la sociedad civil). 

Como último recurso, las empresas que identifiquen impactos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos por parte de algunos de sus socios comerciales tendrán que poner fin a esas relaciones comerciales cuando estos impactos no puedan prevenirse ni eliminarse. Para los incumplidores, la norma prevé multas de un mínimo del 5% del volumen de negocios neto de la empresa. 

Para el Parlamento Europeo, esta norma es imprescindible si se quiere evitar que se repitan tragedias como la de Rana Plaza, en la que más de 1.100 personas murieron cuando esta fábrica se derrumbó en las afueras de Dhaka (Bangladesh) el 24 de abril de 2013. Se trataba en su mayoría de trabajadores de la confección que elaboraban productos textiles para marcas europeas.