La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur) redobla sus críticas a la amnistía y lanza un mensaje horas antes del comité extraordinario de la CEOE que analizará la "preocupación empresarial" ante el acuerdo PSOE-Junts. Instan a la principal patronal a que tome "las decisiones necesarias para defender los principios constitucionales", avanzando que apoyará cualquier decisión que se tome en ese sentido.

Incluso una huelga general, "si fuera necesario". Cesur apunta en un comunicado que los acuerdos pactados para la investidura de Pedro Sánchez "suponen la ruptura con la Constitución Española" y entre otros "con el ámbito de competencias y obligaciones de la Administración General del Estado y con la independencia del Poder Judicial".

Elementos todos que hacen que, de materializarse, la amnistía suponga un golpe a la seguridad jurídica con consecuencias para la economía. "Hace inviable todo planteamiento de inversión y desarrollo económico acorde con el ejercicio de la libertad de empresa en un espacio de libertad y seguridad jurídica", subrayan.

[La CEOE celebra un comité extraordinario para abordar la "preocupación empresarial" tras acuerdo PSOE-Junts]

Por ello, piden el "amparo y apoyo de todas las instituciones del Estado y de la Unión Europea, asociaciones profesionales, sindicales, empresariales y de todo orden, para defender el orden Constitucional, con una separación de poderes real y efectiva, ya de por sí manoseada y atacada".

También de los ciudadanos, que "tienen el deber y la obligación de defender la Constitución".

Tras esta declaración, Cesur enfatiza que se une a las numerosas asociaciones profesionales "que representan a la mayoría de jueces, magistrados, fiscales, abogados, inspectores de Hacienda y de Trabajo, colegios profesionales y un largo etcétera, que rechazan de plano la amnistía" y proponen a la CEOE "tomar decisiones".

"Cuantas acciones se tomen en favor de este fin, dentro de la legalidad, incluida una huelga general si fuera necesario, serán apoyadas por Cesur", aseguran desde la organización, que aglutina, por volumen de facturación de sus empresas asociadas, el 40% del PIB de Andalucía y Extremadura.

Una promesa que concluye común apelo "al buen juicio de los diputados y votantes" del PSOE para "renunciar en la deriva rupturista del Estado de derecho por parte del Gobierno en funciones".