El Ministerio de Igualdad evalúa con un 3,6 sobre 10 el plan que renovará el servicio de pulseras antivioladores, después de que, tras 15 años, haya sido adjudicado a otra empresa.

Así consta en un informe técnico de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En dicho documento se expresa que el llamado Plan de transición de salida del servicio "presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente".

"Además, es poco preciso, el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable", añade, tras criticar también un calendario de tareas poco coherente y un plan de contingencias "que no es lo suficientemente completo".

Fragmento del informe de igualdad sobre la renovación del servicio. EL ESPAÑOL

Desde 2009, Securitas Direct era la empresa que operaba el servicio del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas Cautelares y Penas de Prohibición de Aproximación en Materia de Violencia de Género, más conocido como Centro de Control COMETA.

Es decir, es el departamento que controla, mediante unas pulseras con sistema GPS, la posición de los agresores sexuales a los que la Justicia ha prohibido acercarse a sus víctimas o los investigados a los que también se impide aproximarse a sus denunciantes. Todo ello, para proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia machista.

La adjudicación de este servicio se realiza a través de un concurso público. La oferta la licita la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Desde sus inicios se ha adjudicado a Telefónica, quien subcontrataba a Securitas Direct la puesta a disposición, entrega, instalación, desinstalación y mantenimiento de los brazaletes. A lo largo de todos estos años, ambas empresas han prestado el servicio ininterrumpidamente, resultando adjudicatarias en cada renovación.

Valor del contrato

El pasado 20 de julio, la Secretaría de Estado de Igualdad publicó la apertura del proceso de contratación. El valor estimado del contrato es de más de 41 millones de euros. En esta última ocasión, Telefónica ha decidido no presentarse a la licitación, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 22 de agosto.

Sí concurrieron Buddi Limited y la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada entre Vodafone y Securitas. La primera compañía, dedicada a la gestión de alarmas, quedó descartada por no cumplir los requisitos técnicos, por lo que la mesa de licitación propuso la adjudicación a la UTE Vodafone-Securitas.

Ahora bien, el informe antes mencionado califica con un suspenso el "deficiente" plan de transición de la gestión de unas compañías (Telefónica y Securitas Direct) a las que, previsiblemente, serán las nuevas adjudicatarias (Vodafone-Securitas).