El Gobierno ha decidido someter a audiencia pública el anteproyecto de ley que regula la información que las empresas deben dar en relación con cuestiones medioambientales, sociales y gobernanza.

Esta norma reformará otras cuatro (el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Auditoría de Cuentas y su reglamento de desarrollo) y obligará a las empresas (incluidos los bancos, que tienen sus propias obligaciones en relación con los riesgos climáticos) a informar sobre el modelo de negocio y estrategia, objetivos, órganos de administración, políticas, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores.

Estarán obligadas todas las empresas cotizadas y entidades financieras, excluyendo las microempresas, y se darán unos plazos para facilitar la adaptación de la norma. Las medianas y pequeñas empresas que estén obligadas contarán con normas específicas acordes a su capacidad y características.

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En concreto, dispondrán de un contenido más reducido, unas normas específicas con las que presentar dicha información y un periodo adicional para prepararse de cara a este nuevo requisito informativo, pues tendrán hasta 2026 para ponerlo en marcha.

Como hasta ahora, las empresas deberán incluir la información no financiera como una sección específica en el informe de gestión y tendrán que preparar el conjunto de la información financiera y de sostenibilidad de acuerdo con un formato electrónico único obligatorio.