La Comisión Europea ha aprobado definitivamente este jueves su nuevo Marco Temporal de Crisis y Transición en materia de ayudas públicas nacionales, cuyo objetivo es contrarrestar las subvenciones masivas a la industria verde por valor de 370.000 millones de dólares que prevé la Ley de Reducción de la Inflación promovida por la Casa Blanca de Joe Biden. La flexibilización de las reglas estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025.

Su principal novedad es que el Ejecutivo comunitario permitirá a los Gobiernos europeos igualar los subsidios que ofrece Estados Unidos con el fin de frenar una fuga de empresas. El primer caso conocido es el de Volkswagen, que acaba de anunciar que paraliza una planta de baterías planificada en Europa del Este y dará prioridad a una fábrica similar en Estados Unidos tras estimar que podría recibir 10.000 millones de euros en incentivos de Washington.

Este tipo de ayuda está limitada a una lista muy restringida de sectores, que según Bruselas son "los que están más en riesgo de ser atraídos" hacia Estados Unidos por la Ley de Reducción de la Inflación. Se trata de la producción de baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores y captura y almacenamiento de carbono, así como a la obtención de las materias primas fundamentales conexas necesarias para la producción de los equipos correspondientes.

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Además, esta opción está sujeta a toda una serie de salvaguardas con el fin de limitar las distorsiones de competencia. En primer lugar, sólo puede utilizarse para inversiones que se realicen en regiones que reciben fondos de cohesión, que en el caso de España cubren el 66,29% de la población; o bien que impliquen proyectos ubicados en al menos tres Estados miembros (con una parte significativa de la inversión total en al menos dos áreas asistidas).

En segundo lugar, el beneficiario debe utilizar tecnología de producción de última generación desde el punto de vista medioambiental y de emisiones. Finalmente, la ayuda no podrá utilizarse para atraer inversiones desde otros Estados miembros.

El Ejecutivo comunitario admite que la reforma podría dar lugar a una "carrera de subvenciones" entre la UE y Estados Unidos en la que sea el mejor postor el que se quede con la inversión. No obstante, sostiene que el hecho de que las subvenciones disponibles en Washington sean públicas y conocidas y de que se exijan pruebas del riesgo de fuga servirán para minimizar este problema.