La compañía española, que confía en que esta demanda sea desestimada, calcula, no obstante, un impacto de más de 300 millones de dólares (unos 280 millones de euros) por el siniestro, tras haber llegado en los últimos meses a acuerdos compensatorios con 8.000 personas de las zonas afectadas.

La petrolera presidida por Antonio Brufau explica que la demanda aún no ha sido notificada a la empresa al ir "por vía consular", algo que, dice, "normalmente toma varios meses".

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El derrame de cerca de 12.000 barriles ocurrido hace trece meses durante una descarga de crudo en la refinería peruana propiedad de Repsol causó uno de los mayores desastres medioambientales de los últimos años en el país.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Privada de Perú (Indecopi) presentó siete meses después del suceso, en agosto de 2022, demanda civil contra Repsol, la aseguradora Mapfre, y la naviera Fratelli d'amico Armatori y Transtotal Marítima, como operadores del buque del que se vertió el petróleo al mar, requiriendo 4.500 millones de dólares.

El petrolero italiano Mare Doricum, origen del vertido de crudo en Perú. EL COMERCIO / ZUMA PRESS

De la cantidad total solicitada por el organismo público peruano, 3.000 millones de dólares (unos 2.800 millones de euros) corresponderían a daños directos y los 1.500 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros) serían por daños morales a consumidores y usuarios afectados.

Repsol afirma en su informe financiero del ejercicio 2022 que el derrame de petróleo tuvo lugar "como consecuencia de un movimiento incontrolado del buque Mare Doricum durante la descarga de crudo", desviando así responsabilidades hacia el petrolero propiedad del grupo italiano Fratelli d'amico Armatori.

La empresa asegura que el barco italiano provocó el accidente al no controlar un movimiento de más de 80 metros respecto de su amarre. Al igual que Repsol, ni Mapfre ni la compañía italiana han recibido aún la demanda de Perú.

La aseguradora española ni siquiera hace referencia al suceso en sus últimas cuentas financieras, al tratarse de un siniestro reasegurado.

Impacto de 300 millones

La petrolera española considera que la demanda de Indecopi, organismo dependiende del Gobierno de Perú, será finalmente desestimada por "su falta de motivación, falta de subsanación de los defectos en la demanda inicialmente señalados por el juez, falta de conciliación previa por parte de Indecopi y falta de identificación de los reclamantes". También sostiene que la cantidad reclamada "carece de sustento".

No obstante, Repsol reconoce un impacto en sus cuentas de más de 300 millones de de dólares por este siniestro. "Los gastos reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias para cubrir los daños causados por el incidente, tales como actividades de contención, limpieza, remediación, indemnizaciones a partes afectadas y otros costes relacionados, se estima superarían los 300 millones de dólares", explica la compañía. A 31 de diciembre de 2022, los costes pendientes de pago ascienden a 178 millones de dólares (166 millones de euros).

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El grupo español sostiene que la "evidencia técnica realizada por la empresa y presentada a la autoridad, concluyen presencia de hidrocarburo por debajo de los estándares de calidad ambiental que representan riesgo a la salud y al medio ambiente". Esto indicaría, afirma Repsol, que la pesca "podría reanudarse, así como las actividades recreacionales y comerciales en las playas accesibles".

Repsol asegura que cuenta con pólizas de seguro "con coberturas relativas a las consecuencias de este evento". Hasta el pasado mes de diciembre la multinacional española se han cobrado de dichas compañías de seguros, anticipadamente, 34 millones de dólares (45 millones de euros) a cuenta de la indemnización asociada al incidente.

Compensaciones a 8.000 afectados 

Parte de los 300 millones de euros que Repsol estima como coste del siniestro son los acuerdos compensatorios a los que la compañía ha llegado en los últimos meses con 8.000 personas afectadas por el derrame.

El grupo español indica que los acuerdos con los afectados, inscritos en un padrón organizado por las autoridades peruanas, se realizan a través de "un proceso de diálogo con cada persona", y que responde "a la identificación de grado de afectación por familia", siendo un proceso que sigue las líneas descritas por Naciones Unidas.

Repsol asegura que su compromiso es "devolver lo antes posible el litoral peruano a su estado original y acompañar a la población afectada hasta que se puedan reactivar las actividades económicas en la zona".