El abastecimiento de agua en España, derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas, estuvo garantizado durante los momentos más difíciles de la pandemia, donde no se registró ningún corte de suministro por impago.

Así lo revela un estudio elaborado por el Observatorio de los Servicios Urbanos (OSUR) junto a Cáritas, presentado este martes en Madrid. En el acto, la empresa Aguas de Barcelona, perteneciente al Grupo Agbar, ha sido reconocida por su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad. “Cuadruplica al resto de las compañías en atención a personas acogidas a beneficios sociales” y manifiesta “un liderazgo” en favor de las personas vulnerables, ha reconocido el presidente de OSUR, Francisco Caamaño.

Caamaño ha constatado un “aumento en las bonificaciones” a los consumidores como parte de las medidas implementadas durante la crisis sanitaria en la que los clientes en situación de vulnerabilidad. 

El también exministro de Justicia ha confirmado, según indica Efe, que las políticas de los operadores respecto a personas en situación de vulnerabilidad “progresan adecuadamente”.

El presidente del Grupo Agbar, Ángel Simón, ha mostrado “gran alegría” por recibir una distinción que responde al “compromiso firme” con todos los grupos de relación que mantiene la compañía, con los ejes puestos tanto en el desarrollo sostenible como en la transparencia, ante desafíos como el cambio climático.

Costes

Para Simón, la transición por la emergencia climática provocará un “incremento en los costes del agua”, aunque, a su juicio, lo importante es cómo las empresas van a reasignar ese incremento para que no redunde en la factura del consumidor y se afronte “de manera equitativa”.

Así, el presidente de Agbar ha manifestado que, en los últimos años, “el recibo del agua en Barcelona se ha aprovechado para colocar impuestos sin tener la transparencia adecuada, para camuflarlos en un recibo”, al tiempo que la factura del agua “ha bajado sustancialmente”.

Con el objetivo de no dejar “a nadie atrás”, Agbar ha desplegado una dotación total de 6,2 millones de euros de inversión en acción social para “poner a las personas en el centro” y mantener una "comunicación permanente" entre sus 12.000 trabajadores.

“La manera de acercarnos mucho más a las personas es establecer un pacto social con más de sesenta mesas repartidas en todo el territorio en la reconstrucción verde para pasar del ciclo integral al ciclo social del agua”, ha añadido.