Abengoa tendrá que pagar más de cinco millones de euros al Gobierno de España después de que el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo se haya declarado incompetente en la petición que hizo su filial CSP Equity Investment para ser indemnizada con unos 1.180 millones de euros.

Según se recoge en una comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el laudo el tribunal arbitral sueco ha resuelto por unanimidad que no dispone de competencias para seguir el caso, que se remonta a una acción del Gobierno del PP hace ocho años en materia de reducción de retribuciones a las energías renovables.

En el citado laudo el tribunal arbitral ha resuelto por unanimidad que el tiempo de la reestructuración la disputa "era previsible" por el demandante.

Igualmente, se indica que carece de competencia para conocer el caso y que, habiendo llegado a esa conclusión, el Tribunal no necesita resolver las otras objeciones jurisdiccionales planteadas por el demandado.

Las costas del arbitraje están valoradas 1.252,177 euros y 350 libras esterlinas y, de ellas, el demandante se hará cargo del 75% de los costes y el demandante únicamente el 25%. Por último, Abengoa indica a la CNMV está analizando el laudo y las posibles acciones que pueda emprender en el futuro en relación a él.

Junta de accionistas 

La junta de accionistas de Abengoa ha ratificado este martes el nombramiento de Clemente Fernández y Alfonso Murat como consejeros y ha aprobado las polémicas cuentas de 2019.

Por el contrario, los accionistas han rechazado el nombramiento de Cristina Vidal después de que fuese propuesta junto a los dos anteriores por el sistema de cooptación el 1 de octubre. 

El nombramiento de Fernández ha contado con el 75,35% de los votos a favor, mismo respaldo que el logrado por Murat. Sin embargo, el 70,6% de los accionistas que han participado en la junta han rechazado la candidatura de Vidal.

Igualmente, la junta de accionistas ha aprobado con un 60,29% de los votos que la compañía se persone como perjudicada en la querella contra el Consejo de Gonzalo Urquijo. Este punto figuraba en el orden del día como complemento a la convocatoria de la junta general y fue solicitado por Inversión Corporativa, que fue el mayor accionista de Abengoa hasta 2015.

También se han aprobado nueve propuestas de acciones individuales de responsabilidad a nueve exconsejeros, entre los que figuran Gonzalo Urquijo y Juan Pablo López Bravo, que también fueron expresidentes del consejo de administración.

Esta junta de accionistas ha tenido lugar en segunda convocatoria, en la sede de la multinacional en Sevilla, en el campus de Palmas Altas. Ha tenido una duración de casi cuatro horas en las que ha habido muchos momentos de tensión en las intervenciones de los accionistas.

Al inicio de la junta ha sido cuando se han registrado los momentos de mayor tensión. Un accionista ha preguntado por la plataforma empleada para las votaciones. El presidente ha indicado que era una filial de Santander y que se ha elegido por ser la misma que se empleó en otras juntas pasadas.

El accionista ha criticado que se use una plataforma de "un acreedor" de Abengoa, mientras que Fernández ha defendido su uso al ser una fórmula empleada por muchas otras empresas.