Una clienta muestra su pasaporte Covid para entrar a un establecimiento.

Una clienta muestra su pasaporte Covid para entrar a un establecimiento.

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Pasaporte Covid para ir al gimnasio o alquilar una vivienda: ¿la nueva normalidad que viene?

Los expertos prefieren limitar durante un tiempo la libertad de unos pocos que hacerla extensiva a toda la población.

31 julio, 2021 00:55
Sandra Tobar Valentín Bustos I. P. Nova

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El Gobierno central ha dado libertad a las autonomías para que usen un documento que acredite la vacunación contra la Covid-19 para entrar en bares, discotecas y centros de ocio, como ya han hecho Francia e Italia o, incluso, comunidades como Galicia o Canarias (aunque está paralizado). Medida poco viable para los expertos sanitarios que afectaría a la hostelería, el ocio o la vivienda y cuyo debate ya está servido. La cuestión es si conviviremos en un futuro con el pasaporte Covid o es una realidad pasajera. 

Para tratar de esclarecer esta pregunta, hay que analizar lo que ha pasado últimamente. El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió cautelarmente la medida impuesta por el Gobierno de Canarias para exigir el certificado covid o alguna prueba diagnóstica para acceder a los locales de restauración.

Y aquí es donde está la clave de lo que ocurrirá en un futuro. La sentencia en el archipiélago ha abierto el debate sobre la legalidad y obligatoriedad de este tipo de medidas. Hay muchas dudas porque "no estamos en una circunstancia de emergencia en la que tengas que proteger a los que están en un restaurante", explican los expertos. 

Aun así, sólo hace falta darse un paseo por Galicia para ver cómo sí funciona en otra región. Esto, según los juristas, es porque nadie lo ha denunciado. El exsecretario general de Sanidad, Martínez Olmos, afirma que "si un ciudadano recurriera a la ley gallega" tendría el TSJC para "marcar precedente". 

Ni siquiera un bar puede tomar la decisión de excluir a su clientela por no estar vacunada o no hacerse una prueba que acredite que no tiene el virus, aunque lo hagan algunos locales de Cataluña. 

Hay que recordar que el derecho de admisión (al que se podrían acoger los dueños) es algo que está regulado por ley. Actualmente, es competencia de las Comunidades Autónomas y para que un lugar privado abierto al público limite el acceso por derecho de admisión debe responder a unos motivos concretos y no aleatorios (entre los que no está la vacuna). 

¿Previene contagios?

Desde la perspectiva de la gestión de la Salud Pública la medida no tiene muchos adeptos. Ni sanitarios, como adelantaba EL ESPAÑOL, ni gestores creen que sea una medida que detenga la transmisión del virus. Aun así, entienden que es bueno para revitalizar la economía. 

El experto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la pandemia de la Gripe A, José Martínez Olmos, afirma que solicitar este tipo de certificados pretende dar "la idea de que previene contagios", pero no es así. "Las personas que estén dentro del establecimiento pueden tener todos doble pauta o PCR negativa y, aun así, estar infectados o contagiar", explica. 

De esta forma, el médico y epidemiólogo asegura que la norma no garantizaría que se pararan los contagios. "Puede generar un fallo en el mensaje que queremos transmitir a la sociedad de que así estarán seguros y no es así", critica el experto. 

Además, Martínez Olmos sustenta que este requisito supone, además, un problema ético, puesto que no todo el mundo se ha vacunado o tiene la viabilidad económica de pagarse una prueba que acredite que lo ha pasado. 

¿A quién perjudica y beneficia?

Actualmente el pasaporte sanitario europeo se usa para viajar entre los países de la UE, siempre que acredite que se ha pasado la Covid-19 hace menos de seis meses o que la persona está vacunada con las dos pautas completas. Algo que siempre ha demandado el sector turístico para permitir precisamente el movimiento de turistas sin ser un documento discriminatorio. Pero no se exigía para entrar en un bar o ir al gimnasio, como se pretende. 

Desde un punto de vista económico la medida tiene muchos detractores. Por ejemplo, la hostelería -uno de los más afectados- rechaza rotundamente esta medida. José Luis Yzuel, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, cree que "no deberíamos imitar ese modelo de Francia" porque "es difícil de aplicar". Hay que tener en cuenta que la hostelería está viéndose obligada a cambios continuos y sobre la marcha durante esta pandemia. 

Para los gimnasios también sería un duro golpe, ya que gran parte de sus socios son gente joven que, en su mayoría tampoco está vacunada, asegura Alberto García Chápuli, gerente de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID). Además, cuestionan la protección de datos.

Dudas que llegan a los hoteles, ya que tendrían que exigir a sus clientes el pasaporte de vacunación. "Además de ser otro trámite más a la hora de registrarse, obligaría al hotel a convertirse en inspector sanitario sin tener ni jurisdicción ni formación adecuada para hacerlo", señalan los expertos.

¿Quién controla a quién?

Donde se podría producir un auténtico choque de trenes es en el mundo de la vivienda. ¿Podría pedirse el pasaporte Covid por parte de un propietario, sea particular o empresa, para alquilar una vivienda? "Los contratos de arrendamiento, aunque se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en sus aspectos esenciales, se rigen por el principio de autonomía de la voluntad", señala Joaquín Vives, del área de Derecho Público de BDO. 

Por tanto, no habría inconveniente en que el propietario pueda exigir el pasaporte Covid a quien quiera alquilar el inmueble. "La Ley General de Sanidad y las restantes normas sanitarias pueden ser un muy buen argumento para imponer esta condición", añade.

Sin embargo, desde la Agencia Negociadora del Alquiler consideran que sería discriminatorio pedir el certificado para alquilar una vivienda

"Entraría dentro del derecho constitucional, amparado por el artículo 14 de la Constitución", indican. Dicho artículo dice que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Hablando de la Constitución, también apunta a que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y serán los poderes públicos quienes promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Un pasaporte Covid, más que promover, lo que haría sería restringir

"Si finalmente el gobierno legisla algo, debería ser no sólo sobre los inquilinos, sino también sobre los propietarios", apunta Alex Vázquez, director del departamento de Administración y Comercialización de Viviendas en Alquiler de Forcadell.

Imaginemos que finalmente la norma se instaura. ¿Quién tutela esto? El portero, el presidente de la comunidad de propietarios… Otra duda: si la persona que alquila está vacunada, y con quien convive, no… ¿Se limita a esta persona o se hace la vista gorda? ¿Y qué pasa si un fontanero va a reparar algunas de las viviendas? ¿También se vería limitado en su trabajo si no tiene el pase? ¿Y los familiares o amigos de visita?

"Las comunidades de vecinos se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal, que exige unos quorums muy exigentes para la toma de decisiones. A veces, incluso, la unanimidad", apunta Joaquín Vives. Y matiza: "En este caso se trataría de una decisión que limita la libertad contractual de cada vecino. Por lo tanto, puede haber margen de duda, pero parece que podría adoptarse esta decisión". 

Ocio nocturno

En contra de los que piensan que este pasaporte Covid puede cerrar muchas puertas están los que creen que se les permitirá abrir sus negocios. La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de noche) reclama la implantación de forma inmediata del pasaporte Covid como barrera para combatir los botellones.

EP

Teoría que avalan desde el campo de la sociología. "Son restricciones para la gente no vacunada, no restricciones para todos", señala el sociólogo Manuel Mostaza. Y pone como ejemplo el turismo: "Mejor que entre el 50% de vacunados, que no entre ninguno. Es una medida razonable si se da en poco tiempo". 

Pero aquí también hay dudas. "Algunos empresarios piensan que la solicitud del pasaporte de vacunación puede ayudar a garantizar que el entorno es seguro y evitar así cierres de negocios. La gran cuestión es si realmente presentar este documento es la solución", indica Esther González, directora del grupo de Investigación de Turismo en EAE Business School.

En estos momentos las autoridades del Gobierno de España no han querido mojarse. La única que se ha pronunciado ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha asegurado que es algo que compete "únicamente" a las Comunidades Autónomas. 

Aun así, Darias ha puntualizado: hablamos de certificados vacunales y no de pasaporte Covid. Y ahí está la clave. Cuando Darias dice que las regiones pueden legislar y pedir un documento acreditativo insiste en que, en ningún caso, puede ser el pasaporte emitido por la Unión Europea. "Ese tiene su uso limitado a movilidad entre países".

¿Hasta cuándo se usará?

Lo único que parece claro en este asunto es que el pasaporte sanitario europeo se seguirá usando para viajar y su aplicación en el tiempo "dependerá de la evolución de la vacuna", según el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. Cree que a corto y largo plazo se mantendrá, pero no tanto en el futuro. 

Por lo que las dudas legales, sanitarias y económicas, además de la sentencia en Canarias, diluyen mucho las posibilidades de que otras CCAA opten por la aplicación del pasaporte Covid. Todo apunta a que el pasaporte Covid europeo se mantendrá el tiempo que dure la pandemia y las restricciones; siendo la vacunación, como hasta ahora, la única opción para detener el coronavirus.