Cofides, la sociedad estatal a la que el Gobierno ha encomendado la gestión del Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19, empieza su andadura en estas lides marcando distancias con la SEPI. Después de la polvareda levantada por esta última con decisiones como la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra, el presidente de la primera, José Luis Curbelo, ha subrayado que en su gestión "la transparencia será absoluta y la objetividad estará garantizada".

Un mensaje que desde Cofides se quiere reforzar con el hecho de que la última palabra la tendrá un comité técnico del que formarán parte funcionarios de los ministerios del ramo económico. Entre ellos no tendrán cabida ni siquiera quienes tengan la consideración de altos cargos del Gobierno, según ha avanzado este miércoles el presidente de la sociedad pública.

Curbelo es la cabeza visible de este nuevo fondo de rescate a las empresas españolas golpeadas por la pandemia, que nace dotado con 1.000 millones de euros. En un encuentro virtual con prensa especializada, ha señalado que la documentación presentada por las empresas solicitantes "será analizada por una empresa de rating certificada por la ESMA" que ha resultado vencedor en un proceso de licitación pública cuyo resultado aún es provisional.

30 asesores externos

La tarea de esta firma será revisar la documentación aportada y otorgará un rating provisional para la potencial operación de rescate. Después, un ejército de 15 empresas de consultoría financiera y 15 bufetes de abogados procederán a la elaboración de un informe final cuyo resultado será "incontestable", según ha asegurado Curbelo.

En total, espera que el trabajo de estas partes, que ha calificado de "muy reputadas", y la decisión final del consejo de Cofides llegue en torno a dos o tres meses después de que se curse formalmente la solicitud a través de una nueva plataforma que estará activa a partir del próximo 28 de junio. El objetivo: "Salvar muchas empresas y recuperar buena parte de los recursos que se comprometan".

Más concretamente, Cofides ha hecho sus cálculos y prevé que los 1.000 millones de euros con los que se ha dotado inicialmente el fondo de rescate puedan llegar hasta cerca de un centenar de empresas españolas. Eso sí, el presidente de la estatal ha reconocido: "Somos conscientes de que pudieran existir fracasos porque [las destinatarias] son empresas que se han visto muy comprometidas por la crisis".

De acuerdo con lo que ayer martes se aprobó en el Consejo de Ministros, este fondo está destinado a empresas de tamaño medio de cualquier sector con volúmenes de facturación entre los 15 y los 400 millones de euros a nivel consolidado. Y siempre y cuando fueran viables al cierre del ejercicio 2019 y presenten planes para seguir activas a mediano y largo plazo.

Préstamos participativos

El montante a inyectar por cada empresa en la que entre el fondo gestionado por Cofides estará entre los 4 y los 25 millones de euros, o entre los 3 y los 15 millones en el caso de pymes, conforme a la definición comunitaria de estas empresas. Este capital se repartirá entre préstamos participativos -que serán su fórmula preferente de rescate-, participaciones en capital y, de manera complementaria, se da la posibilidad de la concesión de préstamos ordinarios.

En el caso de la entrada en el capital de una empresa, Rodrigo Madrazo, director general de Cofides, ha señalado que "la idea es que sean participaciones minoritarias". Además, ha adelantado que se establecerán incentivos para que la empresa recompre esa participación una vez que su salud financiera se haya recuperado del bache de la Covid-19.

"Un reto ímprobo"

Con vistas en el calendario actual, Madrazo ha señalado que "las solicitudes deberían presentarse hasta el otoño". No obstante, ha señalado que prevé que "después de verano sepamos si se va a prolongar o no la fecha límite". De momento, el objetivo es movilizar el capital del fondo antes de que acabe el año, lo que para Curbelo "es un reto ímprobo".

Este fondo, que plantea ayudas por montantes inferiores a los que maneja la SEPI, establece requisitos de partida como que las empresas solicitantes no estén incursas en procesos concursales, hayan sido condenadas por sentencia firme judicial, no estén al día en la liquidación de impuestos o no estén en situación de inviabilidad.

Despidos y dividendos

Si bien uno de los objetivos del fondo es el mantenimiento del empleo, desde Cofides se abre la puerta a posibles reestructuraciones de plantilla y despidos cuando sean necesarios para la supervivencia de la empresa. En cualquier caso, desde la institución se velará para que sean ajustes pactados y "reducidos a lo estrictamente necesario para garantizar la supervivencia de las sociedades".

A semejanza de los requisitos establecidos por el fondo que gestiona la SEPI, las empresas beneficiarias del capital de Cofides no podrán repartir dividendos ni elevar la retribución de su consejo de administración por encima de lo señalado en el ejercicio 2019, al menos hasta que se haya devuelto el 75% del capital. Asimismo, no podrán embarcarse en la compra de más de un 10% del capital de empresas rivales de su sector.

Como un mecanismo para impulsar la recuperación financiera de las empresas rescatadas y, a la par, incentivar el reembolso de los fondos públicos inyectados, el coste de la financiación será ascendente a partir del cuarto año desde la concesión.