El PP quiere que el Congreso pueda someter a votación la idoneidad de las operaciones de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y encargar, si la cámara así lo acuerda, una valoración externa e independiente para comprobar la legalidad en caso de sospechas.

Así lo plantea en la moción registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, consecuencia de la interpelación dirigida a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la última sesión de control al Ejecutivo.

Allí el PP criticó la falta de rendición de cuentas del Gobierno sobre el fondo de rescate de empresas estratégicas gestionado por la SEPI, así como la falta de dirección de esta empresa pública. Y es que desde octubre de 2019, cuando cesó Vicente Fernández Guerrero por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', el organismo se mantiene sin presidente.

Con la moción, los 'populares' piden nombrar en el plazo de un mes un presidente para la SEPI y, como opción B, elevar a presidente a su actual vicepresidente, Bartolomé Lora. También exigen al Gobierno que cumpla "realmente" sus obligaciones de control y facilite la información que se le solicite. Entre otros, los expedientes de todas las operaciones aprobadas hasta ahora a la Comisión de Hacienda, con los expedientes que justifiquen el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Y es que el PP quiere que, una vez aportada esta documentación, si la mayoría de la Comisión discrepa con la decisión adoptada por la SEPI y el Gobierno en alguna operación concreta, se someta a una valoración externa e independiente para determinar si se ajusta a la ley o no.

Vox duda de Plus Ultra

No es la única formación que llevará al Pleno del Congreso la gestión de este fondo de rescate, ya que Vox, que también interpeló a la ministra Montero, ha registrado una moción para condicionar la gestión del fondo de rescate y actuar contra una de sus operaciones, las ayudas concedidas a la aerolínea Plus Ultra.

Y es que en su moción, Vox reclama remitir a la Fiscalía Anticorrupción el expediente aprobado para esta operación "con el fin de que se abran diligencias de investigación en relación con la presunta comisión de delitos en la concesión de las ayudas".

Por otro lado, esta formación también pide "definir con precisión la condición de 'empresa estratégica'" en la normativa del fondo, reducir de seis a tres meses el plazo de resolución de las solicitudes para acceder a las ayudas y que el presidente del gestor del fondo rinda cuentas al Congreso cada tres meses de la evolución de las operaciones.

Asimismo, llama a limitar a funcionarios de carrera pertenecientes a abogados del Estado, técnicos comerciales y economistas, e interventores y auditores del Estado la entrada en órganos de dirección y administración de empresas intervenidas.

Finalmente, plantea que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elabore un informe anual expost de la gestión de estos fondos públicos destinados a empresas estratégicas, y la remisión del mismo al Congreso en el plazo de un mes a su finalización.