En época de vacas flacas, con los Presupuestos de 2020 en el aire, con el aumento del gasto social en la agenda del Gobierno de coalición y con el comienzo de la tramitación parlamentaria de las tasas Google y Tobin, el Ejecutivo se guarda bajo la manga un as recaudatorio que le permitiría tener una liquidez financiera a largo plazo de la que carece en estos momentos.

La semana pasada, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció que subastarán la banda de 700 MHz en mayo, dos meses después de lo anunciado. Es el espacio radioeléctrico que hasta ahora pertenecía a la TDT y el que ahora necesitan las operadoras de telecomunicaciones para lanzar el 5G de manera comercial.

Es verdad que las propias operadoras que acudirán a esta puja creen que el Ejecutivo no empezará este proceso hasta junio, pero lo cierto es que cuentan con que el espacio esté adjudicado antes del verano.

Estamos hablando de un montante importante con una parte que se abona casi en el momento de su adjudicación. Compañías como Telefónica, Orange, Vodafone o MásMóvil deberán abonar varias decenas de millones de euros por adjudicarse este espectro que dará capilaridad y mayor cobertura a las redes 5G.  

¿De cuánto dinero estamos hablando? En octubre de 2018 la agencia de calificación S&P Global publicó un informe en el que cifró entre 750 y 1.050 millones la cantidad que podría captar el Gobierno español por la subasta del espectro en el banda de los 700 MHz.

Subasta de 3,7 GHz

Una cifra que está en la línea de lo que se baraja en Moncloa, según comentan a este diario fuentes cercanas al Gobierno. De hecho, es un dato que se maneja en Hacienda y no en Economía, pese a que todo el proceso está siendo liderado por la secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Pese a ello, no hay una previsión orientativa ni formal. Estamos hablando de una puja por lo que el Gobierno solo pondría un precio de salida y, en la medida en la que se produzca mayor o menor interés, este monto inicial podría crecer... o mantenerse.

El ejemplo más reciente lo tenemos en la subasta del verano de 2018 en el espectro de 3,7 GHz, la banda de cobertura en grandes ciudades. El importe total de las licitaciones del 5G ascendió hasta los 437 millones de euros. La cifra se elevó hasta los 542 millones de euros contando los intereses por el aplazamiento de pagos en 20 años.

A ellos, hay que sumarle el importe de la tasa por reserva del espectro radioeléctrico que conforme a su valor actual por el período de 20 años se eleva hasta los 868 millones de euros.

En cualquier caso estamos hablando de uno de los impactos recaudatorios más pequeños de los grandes países de la Unión Europea y muy lejos de los 6.550 millones que ingresó Alemania e Italia.

Moncloa hace cuentas

En España, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, ha dicho en varias oportunidades que el afán del Ejecutivo no será recaudatorio y que se privilegiará la inversión de las operadoras en los despliegues de redes 5G.

De momento, a los mil millones que S&P estima para esta subasta, habría que sumar otros mil millones por la reserva del espectro radioeléctrico. Un total de dos mil millones que el Estado cobraría en 20 años.

Existe la posibilidad de que las operadoras paguen en un primera momento parte de este montante si es que las condiciones de la subasta lo permiten para ahorrarse los intereses.

Esto sería un importante balón de oxígeno para Moncloa que no tendrá liquidez hasta los Presupuestos de mediados de año y que, incluso con las cuentas aprobadas, deberá abordar una parte importante de gasto social comprometido. En el Gobierno ya hacen cuentas.