Un millón de euros. Es la cantidad que el chiringuito financiero Media Client Services logró estafar a una treintena de personas. ¿Cómo? Prometiéndoles pingües rentabilidades a las inversiones que iban a efectuar en su nombre. 

Un juicio que se celebra en el juzgado de instrucción número de 1 de Marbella en el que este martes comparecerá el principal acusado: Simón Alssafi. 

Él era el cerebro de una estafa que durante 2018 operó de la forma más burda: una llamada de teléfono a potenciales inversores que eran detectados a través de búsquedas en Internet. 

Una vez efectuado el contacto y lograda la confianza en la compañía, los afectados procedían a efectuar sus ingresos. ¿La cantidad? De lo más variado. Hay personas que ‘invirtieron’ 1.500 euros y otras que llegaron a poner en la cuenta corriente de la supuesta empresa de inversión cerca de 200.000 euros. 

Información falsa

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los afectados recibían a cambio un acceso a una página web en la que podían conocer el estado y la evolución de sus inversiones. 

Se trataba de una aplicación que reflejaba información falsa con pantallas, gráficos y rentabilidades inventadas para dar apariencia de realidad. Un globo que se desinflaba en el momento en el que los supuestos inversores trataban de recuperar el dinero ganado. 

A partir de ahí, explican algunos de los afectados, comenzaba el problema. De hecho, no fue hasta mediados de 2018 cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo conocimiento de Media Client Services y lanzó una advertencia de que era un chiringuito financiero. 

Una treintena de afectados, por el momento, que están representados por Asufin que se ha presentado en el proceso por estafa como acusación particular. 

Unificar procesos

Aunque el juicio se celebra en Marbella, los afectados están repartidos por toda España. Al parecer se ha logrado la unificación de todos los procesos. Incluso el propio juzgado de instrucción número 1 de Marbella ha tratado de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. Sin embargo, ésta ha decidido que no se dan las circunstancias para hacerse cargo de este caso. 

Las primeras pesquisas se llevaron a cabo durante el 2018, y ahora han comenzado las primeras declaraciones a los investigados y  los perjudicados.