El sector tecnológico asume que deberá comenzar a pagar la tasa Google antes de que finalice este año. Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL consideran que la formación del nuevo Gobierno y las premuras presupuestarias del Ejecutivo acelerarán los trámites de la aprobación de esta nueva ley con la que se espera recaudar 1.200 millones de euros al año.

Pese a que empresas tecnológicas consideran que será imposible alcanzar esta cifra de ingresos, y que se producirán muchos cambios al proyecto original en su trámite parlamentario, se han mostrado resignados en un proyecto que deberá ayudar a financiar el gasto social en un contexto de disciplina presupuestaria.

Pedro Sánchez ultima la conformación de su Gobierno para realizar su primer consejo de ministros el próximo martes 14 de enero. Este jueves se confirmó además lo que era un secreto a voces: Nadia Calviño ocupará una de las cuatro vicepresidencias como responsable de economía, transformación digital y María Jesús Montero, que seguirá como ministra de Hacienda.

Calviño y Montero -que mantendrán la senda continuista de su propia gestión- tendrán entre sus primeros retos la puesta en marcha de la anunciada tasa digital y el impuesto a servicios financieros, dos de las medidas estrella de Pedro Sánchez lanzadas a finales de 2018 y que no pudieron ser aprobadas en los primeros Presupuestos presentados en el primer trimestre de 2019.

En varias intervenciones públicas, la propia Calviño ha prometido  que una de las primeras leyes que se enviarían al Congreso tras la formación del Gobierno sería precisamente el proyecto de impuesto a determinados servicios digitales. Un objetivo que se sigue manteniendo en el Ejecutivo.

Trámite parlamentario

El trámite de este proyecto debería ser similar al de hace un año, es decir presentar primero los Presupuestos y una vez aprobados, enviar los proyectos de impuestos de manera individual al Parlamento.

En este sentido nadie se atreve a aventurar fechas, pero la idea del Ejecutivo es ir por la vía rápida con el impuesto digital ya que debe comenzar a computar para la recaudación de las próximas cuentas públicas.

No será un trámite fácil ya que tanto para los Presupuestos como para la aprobación de esta ley, PSOE y Podemos necesitan votos de otros partidos. Recordemos que la convocatoria de nuevas elecciones para abril de el año pasado y los casi doce meses de Gobierno en funciones se produjeron por el rechazo a los Presupuestos de Sánchez de los partidos independentistas.

Cuando se salve el trámite parlamentario de las cuentas públicas, la tasa digital tendrá previsiblemente varias modificaciones en el Parlamento. Ciudadanos y PP no se han mostrado contrarios a este tasa, pero sí querrían incluir modificaciones. Es por ello que lo que salga del Parlamento será muy distinto a lo que propondrá el PSOE a las Cortes y las tecnológicas se agarran a este clavo ardiente para mitigar su impacto final.

En cualquier caso, las tecnológicas creen que todo este trámite se solventará antes de que finalice el año, ya que el objetivo de Moncloa es poder ponerlo en marcha antes de que la OCDE acuerde su propia tasa Google que automáticamente sustituiría el impuesto español, según ha dicho la propia Calviño.

Impacto económico

El proyecto presentado por el organismo internacional insta a los países a llegar a un acuerdo definitivo como tarde en 2020 si no existirían “consecuencias negativas en una economía global” fruto de una eventual proliferación de normativas locales descoordinadas.

El impuesto gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario.

Un reciente informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y PwC, indica que la tasa Google puede tener un impacto sobre los beneficios de las empresas españolas entre los 450 y los 562 millones de euros, que repercutirán en los consumidores, que sentirán un impacto de entre 516 y 665 millones de euros.