Las sanciones diseñadas por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para los contribuyentes que no han declarado a tiempo los activos que poseen en el extranjero (propiedades, cuentas bancarias y activos financieros) a través del denominado modelo  720 son "desproporcionadas" y "discriminatorias", ya que pueden disuadir a empresas y particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único. Este es el principal argumento de la denuncia contra España interpuesta por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), que se ha publicado este lunes en el Diario oficial de la UE.

El Ejecutivo comunitario reclama al TJUE que condene a España y declare ilegal el sistema de Montoro para aflorar los bienes en el extranjero. El mecanismo impone automáticamente una multa fija del 150% en caso de incumplimiento de la obligación de informar de los bienes y derechos en el extranjero o de presentación fuera de plazo del modelo 720. Las sanciones son superiores al régimen general para infracciones similares cometidas en territorio nacional.

Bruselas considera que aunque en principio estas medidas podrían ser adecuadas para alcanzar los objetivos de prevención y lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan "desproporcionadas". "La no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero", alega la Comisión.

"Entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales", denuncia el Ejecutivo comunitario.

Bruselas inició el procedimiento sancionador contra España por el modelo 720 de Montoro en noviembre de 2015 mediante el envío de una carta de emplazamiento. Después mandó un dictamen motivado el 15 de febrero de 2017 en el que solicitaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy que modificara la normativa. Ante la falta de rectificación de Rajoy y después de Pedro Sánchez, el Ejecutivo comunitario anunció el pasado junio que llevaría el caso ante el TJUE.

El recurso en sí se interpuso el 23 de octubre. En los próximos meses, el TJUE debe decidir si sigue la recomendación de Bruselas y condena a España. Si es así, el futuro Gobierno deberá modificar de inmediato este régimen o de lo contrario se enfrenta a la amenaza de una multa de la UE por no adaptar la legislación nacional al derecho comunitario.